Aunque la mayoría de informaciones sobre el Caso Volkswagen dan por sentado que la casa alemana será procesada penalmente por la Justicia estadounidense, lo cierto es que esta vía es poco probable. La clave está en una discutida cláusula de la Ley del Aire Limpio que blinda al sector automovilístico ante este tipo de acciones legales en su contra.
Esto no significa, claro está, que las empresas se libren de pagar por los incumplimientos detectados. Sin embargo, hablamos de procesos civiles que se desarrollan extrajudicialmente y resultan en sanciones negociadas que, hasta la fecha, siempre han sido mucho más reducidas de lo anunciado inicialmente.
Un buen ejemplo lo tenemos en 1973, cuando la propia Volkswagen fue "pillada" instalando sensores de temperatura que funcionaban de manera irregular en 25.000 vehículos de tres modelos distintos. La multa acordada entonces fue de apenas 120.000 dólares.
Más duro fue el castigo impuesto a Cadillac en la primera mitad de los 90: sus prácticas irregulares resultaron en una multa de 45 millones de dólares. Años después, Ford tuvo que abonar 8 millones por un escándalo similar, mientras que Honda enfrentó una sanción de 267 millones. El caso más reciente afectó a Hyundai y Kia, que tuvieron que pagar 100 millones de dólares por sus incumplimientos.
No serán 18.000 millones
Si las leyes de 1970 se aplicasen a rajatabla, todos y cada uno de los casos anteriores habrían resultado en sanciones más elevadas. De hecho, tal y como han recogido numerosos medios en los últimos días, los incumplimientos de Volkswagen podrían traducirse en multas de hasta 18.000 millones de dólares.
Sin embargo, las cláusulas introducidas en la Ley del Aire Limpio obstaculizan los procesos penales contra las compañías automovilísticas, primando acuerdos extrajudiciales como los descritos anteriormente.
Los políticos estadounidenses son conscientes de estas limitaciones. Los senadores demócratas Amy Klobuchar y Richard Blumenthal ya han anunciado que presentarán una enmienda con la que esperan "acabar con los resquicios legales que impiden un procesamiento penal certero contra el sector automovilístico". Mientras tanto, ambos legisladores piden también que se juzgue a la empresa "por presentar documentación falsa al Gobierno".
En Volkswagen tienen claro que el elevado perfil público que ha tenido su caso acarreará una sanción más elevada de lo habitual. La compañía ya ha apartado más de 7.000 millones de dólares para enfrentar las consecuencias del escándalo. Sin embargo, esta cifra es menos de la mitad de los 18.000 que nos encontramos en la mayoría de noticias sobre lo ocurrido.