Desde la llegada al poder de Ahora Madrid, el equipo municipal de Manuela Carmena ha denunciado en numerosas ocasiones la existencia de una "deuda ilegítima" que debe ser auditada e incluso impagada.
¿A qué se refieren los gobernantes de la capital de España cuando recurren a este término? ¿Cómo articularían el proceso de "auditoría ciudadana de la deuda" que tantas dudas ha sembrado? Libre Mercado ha consultado documentación que podría ayudar a aclarar esta polémica postura. Se trata de informes firmados por la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), una entidad a la que estuvo afiliado el propio concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
La PACD empezó a funcionar a nivel nacional hace tres años. Según explica Huéscar Sologuren, este colectivo nace "como consecuencia de la confluencia entre grupos del 15-M y de gente que estaba interesada por la deuda de los países del Tercer Mundo". Sologuren explica que el capítulo madrileño de la PACD quiere "intentar que en la ciudadanía se cree un consenso en torno al criterio de ilegitimidad" y admite que todavía no puede determinar cuánto tiempo puede durar el proceso.
La PACD reconoce que "lo ilegítimo no es legal hoy, pero si hay consenso a nivel social puede serlo mañana". En este sentido, menciona la evolución hacia el sufragio universal: "hasta 1931 no podían votar las mujeres, pero eso también cambió".
La "deuda ilegítima", un concepto político
A la hora de definir qué es "deuda ilegítima", la PACD apunta que "no es una noción técnica ni jurídica, sino un concepto político que evoluciona en función del contexto territorial". Pese a este errático pronunciamiento, la organización entiende que la deuda "es un instrumento de dominación, una herramienta ideológica que pretende someter la soberanía popular a los intereses del capitalismo financiero internacional".
La organización denuncia que este proceso "nos hace pensar que estamos en deuda con el capitalismo", si bien advierte que "no sólo no debemos nada, sino que somos los acreedores de la deuda de género, de clase, ecológica e histórica contraída por el capitalismo financiero con los pueblos que son víctimas de su opresión".
Según la PACD, hay distintos tipos de "deuda ilegítima" según su origen:
- Por mecanismos que facilitaron el endeudamiento. Aquí entraría la "redistribución de la renta y las riquezas a favor de las élites financieras y empresariales", la aprobación de "políticas laborales que reducen la masa salarial" o los "sobrecostes de la privatización de servicios que habían sido públicos". Entre los ejemplos citados, la plataforma cita "el Tratado de Maastricht, que prohíbe al BCE financiar directamente a los Estados miembros de la UE".
- Por decisiones de las AAPPs que generan deudas que no benefician al interés general. Aquí entrarían, por ejemplo, las "deudas contraídas para financiar proyectos que violan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (…) y generan impactos ambientales, de género y de desigualdad social". También entra aquí "las comodidades superfluas de los políticos (teléfonos de última generación, gastos y dietas, vehículos oficiales…)".
También habla este organismo de "deuda ilegítima según proceso" o de "deuda ilegítima según ejecución". En este punto se declara que, cuando la deuda ponga en peligro "la supervivencia política o económica del Estado", será declarada "ilegítima" y "por tanto, no se deberá pagar".
Los informes ya están en el Ayuntamiento
La documentación de la PACD a la que ha tenido acceso Libre Mercado detalla también los "actores" que deben participar en la "auditoría ciudadana de la deuda". Como ente rector se habla de una "Comisión Ciudadana Auditora del Ayuntamiento", en la que el gobierno de Manuela Carmena trabajaría junto a distintas partes, entre las que podría estar la propia PACD. Una vez cerrada la deliberación entre estos grupos, se llegaría a una "consulta popular vinculante sobre el no pago de la deuda ilegítima" que daría paso al "protocolo de no pago ordenado".
Huéscar Sologuren explica que la plataforma ha remitido distintos informes al Ayuntamiento de Madrid con ánimo de empujar el proceso de "auditoría ciudadana de la deuda". ¿Qué acogida se han encontrado? "Los han recibido bien, aún no hay procesos de reuniones pero esperamos tenerlo", reconoce. El miembro de la plataforma niega que su organización sea de izquierda radical y se define como una agrupación "no posicionado políticamente".
Sologuren admite que "a lo mejor los cuadros y movimientos que colaboran con nosotros sí tienen esa sensibilidad de izquierdas... pero también podrían militar con nosotros grupos de derechas que se quieran unir al proceso".
En cuanto al proceso de reducción de deuda que ejecutó el gobierno de Ana Botella, la PACD apunta que "para valorar esa supuesta bajada del endeudamiento hay que tener más transparencias en las cuentas. Además, se puede reducir la deuda haciendo cosas que no son buenas para la ciudadanía, como vender bienes públicos".