El PSOE suprimirá todas las bonificaciones a la contratación existentes actualmente -salvo las de discapacitados, personas en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género- y destinará esos recursos a la formación para el empleo, cuyo manejo depende, en gran medida, de patronal (CEOE) y sindicatos (UGT y CCOO).
Así consta en el borrador del programa electoral con el que los socialistas concurrirán a las elecciones del 20 de diciembre y que se titula Un proyecto de país: conocimiento, crecimiento, cohesión. El cambio que une.
En el documento, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición se compromete a suprimir todas las bonificaciones a la contratación salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, para poder destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a formación para el empleo.
De hecho, en los últimos cuatro años una de las principales críticas del PSOE al Gobierno de Mariano Rajoy ha sido que esté esquilmando las arcas de la Seguridad Social cargando a su costa políticas de fomento del empleo "ineficientes" y que perjudican a los pensionistas.
Formación para jóvenes
Por eso, los socialistas pretenden destinar ese dinero a formar mejor a los parados y trabajadores españoles, de modo que puedan obtener un empleo o incrementar su remuneración y, así, contribuir en mayor medida a las arcas públicas y de la Seguridad Social.
En este sentido, merece especial atención el colectivo juvenil, para el que el PSOE aprobará -si gana las elecciones- un programa de "formación+acreditación" que permitirá que 700.000 jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin tener acabada la Secundaria y que no trabajan puedan recualificarse profesionalmente y reinsertarse en el mercado de trabajo.
El objetivo, detalla el PSOE, es que este grupo se acredite en un plazo de seis meses en competencias clave de nivel 2 -graduado en ESO, acceso a FP de grado medio, prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, etc.- que resultan "imprescindibles" para optar a una formación especializada. Esto se conseguirá ofertando más cursos de este tipo de competencias, con nuevos dispositivos de formación a distancia y con la realización "masiva" de pruebas de acreditación en este tipo de competencias clave.
Por otra parte, los socialistas pretenden autorizar a los parados que capitalicen su prestación por desempleo para pagar formación o reciclaje profesional y obtener así un título de grado o postgrado universitario. En el ámbito de las Políticas Activas de Empleo, también quieren duplicar las inversiones y priorizar la colocación de personal en las pymes por parte de los Servicios Públicos.
Prestaciones por desempleo
No obstante, mientras este tipo de medidas empiecen a dar resultados los socialistas garantizarán que el subsidio por desempleo cubre durante dos años a todos los parados mayores de 45 años, a los que tengan cargas familiares, a los discapacitados y a los que sean víctimas de violencia de género.
Los mayores de 52 años tendrán derecho a esta ayuda mientras no encuentren un empleo o se jubilen. Además, los parados sin subsidio que concluyan procesos formativos "con éxito" tanto en el sistema educativo como en la universidad o en la formación para el empleo tendrán derecho a una prestación económica mientras dure el programa.
En cualquier caso, una de las apuestas estrella del PSOE para las próximas elecciones es el Ingreso Mínimo Vital, que ya ha presentado en el Congreso en diferentes ocasiones y que pretende que las familias vulnerables o en riesgo de exclusión social tengan derecho a unos recursos no contributivos de al menos 426 euros, a complementar con entre 50 y 150 euros de ayuda por hijo a cargo, en función de los ingresos de la familia e independientemente de la situación laboral de los progenitores.
Según ha informado el PSOE en anteriores ocasiones, esta medida costaría 6.450 millones de euros -3.856,3 millones del Ingreso Mínimo Vital y 2.593 millones de las prestaciones por hijo- que se obtendrían de una redistribución del gasto presupuestario y de nuevos ingresos obtenidos mediante una reforma fiscal, es decir, nuevas subidas de impuestos.