Al acercarse las próximas elecciones generales, proliferan las propuestas de los distintos partidos. Me ha llamado la atención la propuesta para "blindar" el llamado Estado del Bienestar. La idea es que el Estado "garantice", mediante las reformas legales oportunas, la suficiencia de recursos para financiar los "servicios sociales". En palabras más simples, quienes hacen esta propuesta quieren que en futuras crisis no se pueda recortar el gasto público que financia estos servicios.
La idea es seductora. ¿Por qué sufrir recortes si nos los podríamos evitar? El problema empieza cuando, al analizar el tema, uno advierte que el Estado no puede "garantizar" esa suficiencia de recursos ni aunque quisiera. Veamos por qué.
El Estado obtiene sus recursos de los impuestos y de la deuda pública. En una situación de crisis económica, las empresas venden menos y sus ganancias se reducen o incluso se convierten en pérdidas. En los casos más graves, las empresas quiebran. La peor situación de las empresas lleva a que aumente el paro y a la reducción de los salarios. Esto quiere decir que en un momento de crisis las principales fuentes de recursos tributarios (ventas, ganancias, salarios) se reducen y por lo tanto cae la recaudación de impuestos. Esto es obvio si recordamos lo que ocurrió entre 2009 y 2013.
En una situación así, ¿cómo haría el Estado para "garantizar" los recursos que financien el Estado del Bienestar? Solo habría dos maneras: aumentando los impuestos y/o la deuda pública. Entre 2009 y 2012, el gasto público no financiero excluyendo las prestaciones sociales (pensiones y paro), fue recortado en unos 60.000 millones de euros. Pero eso no alcanzó: para mantener los servicios sociales en marcha fue necesario, además, subir el IVA, el IRPF y otros impuestos. Y también agrandar la deuda pública en 700.000 millones de euros.
¿Qué hubiera pasado si durante la crisis no hubiera sido posible recortar los gastos considerados "sociales"? Que los impuestos habrían tenido que aumentar más (¿un IVA del 25%? ¿un IRPF "francés"?), que la deuda pública sería aún mayor y, como lógica consecuencia de lo anterior, que la salida de la crisis y la creación de empleo que empezamos a tener en 2014 habrían tardado mucho más en llegar.
Por lo tanto, quitar al Estado la posibilidad de adaptar sus gastos a una situación peor haría que las futuras crisis fuesen más largas y no más cortas. Reducir los gastos ante una situación de menores ingresos es lo que hacen todas las familias y empresas, aunque no les resulte agradable. Poner en la Constitución que el Estado pueda vivir al margen de la realidad, gastando sin importar cómo evolucionen sus ingresos, no sería una política social. Sería más bien "anti-social" porque las crisis serían más profundas y, por lo tanto, el paro, las quiebras y la morosidad, mayores.
Así, la idea de "blindar" el Estado del Bienestar, lejos de beneficiar a la sociedad, solo beneficiaría a todos los que viven del presupuesto público. Sería convertir el "Estado del Bienestar" en el "Bienestar del Estado" (y el malestar de los ciudadanos).
Si algo debemos aprender de la crisis es que la imprudencia en el manejo de las cuentas públicas es el mayor atentado a la "estabilidad social" que se puede cometer. El aumento exagerado del gasto público entre 2003 y 2009 (+124.000 millones de euros; +63%) fue un combustible sin el cual las llamas de la crisis hubieran sido mucho más pequeñas. La estabilidad presupuestaria que establece el reformado artículo 135 de la Constitución es, por eso, un "blindaje" que protege a los ciudadanos de la irresponsabilidad de los políticos.
Una "garantía" de que nunca más se repetirá una "burbuja" de gasto público imposible de financiar. Como se ve, "blindajes" y "garantías" las puede haber de distintos tipos. Estemos atentos, mucho más en época electoral, para que no nos vendan "gato por liebre".
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)