Todas las películas de misterio necesitan un malo y todas las elecciones un cabeza de turco. No siempre es el mismo, ni tiene por qué coincidir para todos los partidos, aunque a veces es como si se pusieran de acuerdo, de izquierda a derecha, para apuntar a un mismo señuelo. En España, desde hace años, los sospechosos habituales tienen que ver con el fraude fiscal: paraísos fiscales, millonarios con fortunas escondidas, empresarios que contratan en negro, multinacionales que se llevan su sede a Irlanda… Todos nuestros males parecen llegar del mismo sitio: unos pocos y malvados ricachones que no pagan los impuestos que les corresponden.
El discurso implícito es que hay que hacer recortes o congelar las pensiones o no subir las prestaciones a causa de ese fraude. Si se soluciona, todo irá bien. Ya metidos dentro de esta dinámica, es curioso que ningún partido señale nunca al lugar en el que los expertos denuncian que se esconde más economía sumergida y fraude: los pequeños negocios no declarados, desde el fontanero que factura sin IVA, hasta el bar que paga unas horas en negro, pasando por la familia que no da de alta a la asistenta o el autónomo que hace contabilidad creativa con los módulos.
Para el 20-D, el papel de malo ya está asignado y todos los partidos coinciden: las grandes empresas pagan pocos impuestos en España y hay que obligarles a que pasen por caja. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos llevan en sus programas medidas que van dirigidas (o eso dicen) a penalizar fiscalmente a las compañías con más de 50-100 empleados.
En realidad, todo este debate ha crecido alrededor de una creencia falsa, aquel lugar común que dice que las grandes empresas pagan muchos menos impuestos que las pymes. Como explicaba Daniel Nagore en Libre Mercado hace unas semanas, esto no es cierto. O sólo lo es si no se tienen en cuenta una serie de datos fundamentales que lo cambian todo. Los titulares dicen que las grandes empresas sólo pagan en impuestos entre el 3 y el 5% de sus beneficios (según el año que se escoja). La realidad es que, después de consolidar los resultados negativos de las filiales y los beneficios que ya han pagado por impuestos en el extranjero, la cuenta real en 2011 fue del 17,7% y no el 3,5% del que tanto se ha hablado.
En este contexto, la propuesta que Pedro Sánchez y Jordi Sevilla incluyeron en su documento Agenda para una recuperación justa, parecía muy dura. El PSOE proponía que las grandes empresas pagasen el 15% como mínimo "sobre el resultado contable". Del 3% que se habla en la calle al 15% de los socialistas, el palo fiscal para las multinacionales se antojaba muy importante.
TEXTO DEL DOCUMENTO 'AGENDA...' DEL 22 DE OCTUBRE
Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.
El problema es que los expertos empezaron a alertar de que esta promesa era una bomba de relojería. Si no se quitan los beneficios recaudados en el extranjero, la medida implica por un lado una injusticia y por otro la ruptura de los acuerdos internacionales de doble imposición que tiene firmados España. De llevarse a cabo, podía esperarse una auténtica fuga de grandes empresas. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y número 2 de Ciudadanos en la lista de Madrid, lo denunciaba hace unos días en Libre Mercado.
Entonces llegó el programa electoral. En este caso, el capítulo dedicado a estos temas se llama "Una economía al servicio de la ciudadanía". Y también han llegado las rebajas. En el Impuesto de Sociedades, los redactores del programa han añadido una interesante coletilla:
Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.
Es decir, que los impuestos pagados en otro país se descuentan. Y puede intuirse que los resultados negativos de las filiales también podrán descontarse (esto no está explícito, pero si no lo hacen así en la ley, lo que harán las empresas será unir todas sus marcas debajo del mismo paraguas a efectos fiscales).
Por lo tanto, lo que propone ahora el PSOE es que las grandes empresas paguen el 15% de sus beneficios… cuando de media pagaban el 17,7% en 2011, en el peor momento de la crisis. Al menos en términos generales, está claro que la propuesta estrella del PSOE en temas fiscales queda muy aguada. Un titular y poco más.
Esto no quiere decir que la cosa no vaya a tener consecuencias. Porque el 17,7% es una media. Puede haber compañías a las que sí les afecte y para mal. Tanto para éstas como para aquellas que no se ven afectadas a corto plazo, el incentivo es claro: por lo que pueda pasar en el futuro y para no correr riesgo, muchas comenzarían a pensar en situar la sede fiscal en otro país de la UE (Irlanda u Holanda son los dos mejores candidatos).
El resultado final es que se hace una promesa electoralista denunciando un 3% que los mismos que redactan el programa saben que no es cierto. En términos de recaudación apenas tiene consecuencias (porque la mayoría de las empresas ya pagan más de ese 15% que se pone como límite). Pero al mismo tiempo lanza un mensaje pésimo a las multinacionales españolas y extranjeras con sede en España, que a partir de entonces tienen un incentivo para trasladar su sede al extranjero. Parecen muchas alforjas para este viaje.