El gobierno de Mariano Rajoy ha detectado la existencia de 2.700 normativas que podrían perjudicar la unidad de mercado. En total, hay más de 100.000 leyes y normas en vigor, lo que equivale a decenas de miles de páginas regulatorias que tienen un coste de 45.000 millones de euros.
Basta con echar un vistazo al BOE de las Comunidades Autónomas para comprobar esta deriva intervencionista:
El impacto de estas medidas en un encarecimiento generalizado de los costes empresariales. Solamente en la bolsa de la compra, hay regiones en las que las regulaciones vigentes se traducen en un encarecimiento medio del 4,5% en el precio final.
¿Es posible acabar con esta maraña de normas? ¿Puede España dar marcha atrás tras años de profundo intervencionismo regulatorio? Quizá el mejor ejemplo de que cabe ser optimistas lo tenemos en Canadá, país que aprobó en abril de 2015 una histórica ley encaminada a reducir el volumen y alcance de las normas que marcan la vida económica de las empresas y trabajadores. El objetivo de esta norma es el de reducir al menos una ley por cada nueva pieza de legislación aprobada a nivel federal.
Columbia Británica como punto de partida
Esta medida no se aprobó de la noche a la mañana, sino que surgió como consecuencia del éxito observado en la provincia de la Columbia Británica, donde este tipo de reformas empezó a desarrollarse en 2001. El balance ha sido muy positivo: la carga regulatoria es hoy tres veces menor que la que estaba en vigor hace casi quince años. Aunque el programa iba a expirar en 2015, el Ejecutivo provincial ha decidido prolongar el esfuerzo hasta 2019.
El coste de mantener regulaciones innecesarias puede medirse en relación con el número de trabajadores de cada empresa. En Canadá, por ejemplo, las compañías de menor tamaño (uno a cinco trabajadores) soportan un coste regulatorio de 4.800 euros por empleado (6.700 dólares canadienses), mientras que en EEUU hablamos de casi 3.000 euros de encarecimiento (4.200 dólares canadienses).
Las firmas de mayor tamaño soportan mejor estas cargas, pero igualmente pierden un volumen importante de recursos, como refleja la siguiente gráfica:
Las encuestas de las organizaciones empresariales confirman que la mayoría de las Pymes cree que el exceso de intervención del Estado "genera estrés, reduce la productividad y genera problemas para el crecimiento de las compañías".
¿A qué dedicarían los empresarios el ahorro derivado de eliminar estos sobrecostes regulatorios? Entre las prioridades observadas en EEUU y Canadá aparecen la inversión en bienes de equipo, la expansión empresarial, el desapalancamiento, el aumento de los salarios y beneficios de los trabajadores, el crecimiento en el reparto de beneficios, la contratación de más empleados, el aumento de las donaciones a entidades caritativas o el descenso de los precios.
