Hablando hace escasos días con alguien más puesto en estrategias electorales que yo, lo cual no es difícil, me daba una respuesta a una pregunta mía que provocó mi perplejidad. A mi interés por saber la razón de que no haya un solo programa electoral que apueste por la reducción del gasto público, la repuesta fue, sencillamente, que los electores así lo desean.
Yo pensaba que el incremento constante del gasto público, dejando atrás las afamadas tesis de Adolph Wagner y de los británicos Alan Peacock y Jack Wiseman, podía deberse al interés de los gobiernos en utilizar, en interés propio, una herramienta, la confiscación coactiva de rentas de los ciudadanos, para el mayor esplendor gubernamental o, si se quiere, para incrementar el número de amigos o para complacencia de parientes, próximos y lejanos.
Cuando consideramos la actividad económica, es decir, por qué actúan los sujetos, nos centramos en una hipótesis, quizá no porque sea necesariamente cierta, sino porque es la única que podemos usar para evitar el caos que provocaría la ausencia de hipótesis que expliquen un resultado.
Así suponemos que los sujetos obran racionalmente. La racionalidad implica que todos desean lo mejor para sí, incluso para parientes y amigos, y también para los desconocidos, si su inclusión no supone merma del bienestar propio. Basados en esta hipótesis, concluimos que cuando alguien paga un precio por un bien, es porque racionalmente espera obtener de su uso una satisfacción no menor que el sacrificio que le supone pagarlo.
Llevado esto a la esfera pública, cualquier sujeto estará dispuesto a pagar un impuesto si el bien o los bienes que obtiene de la actividad pública –bienes públicos– le proporciona/n una utilidad/bienestar igual o superior al sacrificio que experimenta al pagar el impuesto. Tan es así que aquella utilidad/bienestar se mediría por la disposición al pago que el sujeto haría para adquirir en un mercado el bien o servicio público de que se trate. Asegurar que si no estoy dispuesto a pagar un euro por un bien público es porque no me proporciona utilidad alguna, por lo que el impuesto pagado debe calificarse de confiscatorio.
Así las cosas, vuelvo al origen: ¿puede alguien desear que se incremente el gasto público por principio axiomático de gobierno? Más gasto público, ¿para qué? ¿Para más servicios, para mejores servicios…? ¿Se sentían mucho mejor los españoles en 2012, cuando el gasto público era de 500.000 millones de euros, que en 2014, cuando fue de 463.000? ¿O recuerdan su precariedad y desgracias del año 2003, cuando sólo se gastaron 308.000 millones?
¿No será que lo que gusta a los electores es consumir bienes públicos pero pagándolos otros? Soy de la opinión de que mi dinero donde mejor está es en mi bolsillo, aunque estoy dispuesto a financiar, con mis impuestos, bienes que contribuyan al bienestar de la colectividad; lo cual nada tiene que ver con el despilfarro público.