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La Seguridad Social detecta 120.000 empleos irregulares

Las medidas contra el fraude habrían generado un ahorro fiscal de 11.000 millones de euros para las arcas públicas.

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La Seguridad Social detecta 120.000 empleos irregulares

El secretario de Estado de la Seguridad Social y candidato del PP al Congreso por Valladolid, Tomás Burgos, ha señalado que la persecución del fraude en la última legislatura ha servido para que unos 120.000 empleos "irregulares" y "miles de empresas ficticias" afloren en España.

Tomás Burgos ha cifrado en 11.000 millones de euros el ahorro generado para las arcas públicas con las medidas contra el fraude aplicadas por su área de gobierno. El alto cargo de la Administración Rajoy puso en valor la modificación del Código Penal como un movimiento clave que permite considerar como delito el fraude a la Seguridad Social.

En su opinión, el gobierno de Rajoy ha conseguido que la Seguridad Social disponga actualmente de "capacidades legales, administrativas y tecnológicas para perseguir de forma más efectiva el fraude".

Burgos ha destacado que otros ámbitos en los que la lucha contra el fraude ha dado resultados ha sido en el seguimiento de otras prestaciones sociales. Se detectó, por ejemplo, el engaño en la compra de medicamentos de personas que se hacen pasar por pensionistas o la utilización de tarjetas sanitarias de personas ya fallecidas. Unas 200.000 personas en España habrían sido "pilladas" por la Seguridad Social haciendo eso mismo.

¿1,8 millones de empleos "sumergidos"?

El caso es que las cifras que maneja Tomás Burgos se quedan muy detrás de los datos que maneja el Consejo Empresarial para la Competitividad. Dicho think tank, integrado por algunas de las mayores empresas del país entiende que en nuestro país hay 1,8 millones de españoles empleados en la economía sumergida.

En este grupo entrarían personas que están inscritas como parados, pero que tienen un trabajo "en B". También estaría en esta situación el empleo de muchos inmigrantes no documentados. En suma, todo esto se traduce en una disminución de 110.000 millones en el PIB oficial, un 11%.

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