La Ley 25 de emergencia social que Podemos quiere llevar al Congreso el mismo día de su constitución -el próximo 13 de enero- y que fija como su prioridad más "urgente" en este momento, conllevará al menos un coste de 15.000 millones de euros en dos años. Esta cuantía corresponde a la puesta en marcha del denominado plan de renta garantizada, la única medida de las que se incluyen en esta proposición de ley que ha sido ya cuantificada por la formación.
Podemos está trabajando estos días en ultimar la proposición de ley que la formación morada pretende registrar en la Cámara Baja su primer día allí, un texto que acompañarán de una memoria económica en la que se detallará el modo de poner en práctica las medidas de "emergencia social" que incluye la ley. Según han explicado a Europa Press fuentes de la formación morada, la intención del partido es que el impacto presupuestario que conlleve poner en marcha esta nueva ley sea "mínimo" para posibilitar que la aplicación de estas medidas sea "inmediata".
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó el pasado 24 de diciembre durante la presentación de esta iniciativa, en una comparecencia ante los medios desde Zamora, que no iba a costar "ni un euro" hacer esta ley. No obstante, sólo el plan de renta supone un coste de 15.000 millones de euros, según los cálculos de la formación.
Además de la puesta en marcha de este plan, la 'Ley 25 de emergencia social' también incluye una medida de "rescate energético", que pasa por garantizar por ley un suministro mínimo; la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, la dación en pago retroactiva, y reestructuración y cancelación de deudas; y la prohibición de copagos farmacéuticos y garantías frente a la situación de la dependencia.
De estos cuatro puntos, sólo se conoce la cuantía exacta de lo que, según Podemos, costaría poner en marcha el plan de renta garantizada, un programa de renta diferencial para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Tal y como detalló la formación en la memoria económica de su programa electoral, conllevaría un desembolso de 15.000 millones de euros durante los dos primeros años. Pero acabar con el copago sanitario implicaría unos cuantos miles de millones de euros más y subvencionar las facturas de electricidad y gas de cientos de miles de hogares también supondrá un enorme coste para las arcas públicas (o el incremento del déficit de tarifa con los suministradores).
En concreto, este programa supone otorgar a una ayuda de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, prestación que aumentaría progresivamente en función del número de miembros: Un 35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes, hasta un máximo de 1.290 euros.
Aunque esta medida no se incluía en la carta que Podemos remitió a los diputados para pedir su apoyo cuando se constituyan las Cortes -sólo figuraban los otros tres puntos-, en plan de renta garantizada sí figuraba en la nota de prensa que la formación hizo pública el pasado día 24. De hecho, es una de las medidas estrella de la formación, incluida tanto en su programa electoral como en el denominado "Plan de rescate ciudadano" en el que Podemos resumió su hoja de ruta para los primeros cien días de Gobierno.