Las agencias de calificación crediticia Fitch y Standard & Poor's retirarán sus respectivos ratings para la ciudad de Madrid. La decisión llega tras meses de sucesivos ataques por parte del gobierno de Manuela Carmena contra estas empresas auditoras.
La relación de Carmena con S&P ha sido especialmente tensa, sobre todo a raíz de un duro informe que sentó muy mal al equipo de gobierno de Ahora Madrid. A esto se suma el episodio de las filtraciones de las reuniones privadas entre los técnicos de la agencia y los dirigentes del consistorio. El polémico concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, respondió que no tenía "nada que objetar" sobre esta polémica e instó a los críticos a "acostumbrarse" a este tipo de prácticas.
En el último informe sobre el Ayuntamiento, S&P ha insistido en que mantiene una visión pesimista de las finanzas de la Villa y Corte. Según la agencia, "la "auditoría ciudadana" de la deuda podría tener consecuencias negativas en lo tocante al cumplimiento de la devolución de la deuda". De hecho, S&P advierte que Madrid caería en categoría de "bono basura" si insistiese en dejar de pagar a sus acreedores en base a criterios de "ilegitimidad" que se alejan del Derecho.
Una polémica decisión
A finales de 2015, el Ayuntamiento de Madrid anunció que no renovaría sus contratos con Standard & Poor's y Fitch, alegando que el coste de mantener ambos convenios era muy elevado. Dicho argumento choca con la realidad fiscal del consistorio: Madrid gastaba unos 100.000 euros anuales en los acuerdos con las agencias, frente a los 3 millones que el concejal de Economía y Hacienda consigna a otro tipo de estudios e informes.
Como explicó Libre Mercado, esta decisión puede tener un coste directo de 120 millones de euros por el encarecimiento que supone la imposibilidad de reducir los costes financieros del pasivo municipal. En esta línea, LD ofreció en noviembre un listado de diez razones para evitar la ruptura con las agencias:
- Liquidez. El resultado de que haya más inversores con la posibilidad de poner su dinero en deuda pública de Madrid es que los ciudadanos pagan menos por la emisión de deuda, ya que hay más ofertas.
- Transparencia. Permitir que se auditen las cuentas se traduce en que más gente conoce la situación del Ayuntamiento, lo que ayuda a conseguir una mejor financiación.
- Confianza. Lograr una mejor calificación ayuda a captar financiación con menos coste, por lo que vale la pena trabajar con las agencias aunque su escrutinio sea duro.
- Rigor. Prescindir del informe independiente que emiten las agencias deja a ciegas a los gestores de carteras y los analistas del mercado de deuda. Una decisión así no tiene precedentes en ninguna capital europea.
- Interés. Ahora mismo hay más de 1.000 millones de deuda municipal en bonos que cotizan en el mercado secundario. Al perder la calificación, muchos fondos venden su cartera de deuda de Madrid porque así se lo dictan sus reglas de inversión. Esto supone un encarecimiento de 5 millones de euros solamente en 2016 y, además, deja al Ayuntamiento más expuesto a fondos especulativos.
- Legalidad. El consistorio madrileño tiene contratos firmados con el Banco Europea de Inversiones. Estos acuerdos suelen exigir que la deuda esté calificada, por lo que prescindir de las agencias puede suponer una penalización de 710.000 euros.
- Oportunidad. Un bono municipal que no tiene calificación queda fuera del programa de compras que ha activado el Banco Central Europeo, lo que cierra muchas puertas al Ayuntamiento, cuyos títulos de deuda pública pasan a ser tóxicos.
- Estrategia. En momentos de tipos bajos, una decisión así cierra las puertas a refinanciar la deuda en condiciones ventajosas. Este encarecimiento rondaría los 50 puntos básicos, otros 7,5 millones de euros.
- Seriedad. Las reglas financieras de Basilea III obligan a las aseguradoras a provisionar aquellos bonos que pierden la calificación. Esto induce pérdidas entre pequeños ahorradores, que sufren una especie de "corralito" al secarse el mercado de deuda municipal.
- Previsión. En economía nunca sabemos qué puede pasar, siempre puede surgir un "cisne negro" que cambie las necesidades de financiación del Ayuntamiento y, en ese caso, la situación de partida sería muy perjudicial, porque el gobierno municipal tendría que empezar de cero a la hora de explorar las condiciones de financiación que tiene disponibles.