La elección de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalidad implica la continuación del desafío rupturista lanzado por los nacionalistas catalanes en su intento de construir una "república independiente de Cataluña", con todo lo que ello implica en cuanto a violación del marco constitucional e incumplimiento del Estado de Derecho.
No en vano, el propio Puigdemont afirmó durante su discurso de investidura celebrado este domingo que la "hoja de ruta" que anuló el Tribunal Constitucional sigue vigente, de modo que el Parlamento catalán desarrollará en los próximos meses los proyectos para crear una Hacienda y una Seguridad Social propias, así como un hipotético "banco central" y el anunciado proceso constituyente que daría origen a una "Constitución catalana".
Sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, sobre todo en el ámbito económico, ya que el aumento de la incertidumbre política podría acelerar la fuga de empresa y capitales que ha sufrido Cataluña en los últimos trimestres. Así, la patronal Empresarios de Cataluña pide al nuevo presidente de la Generalidad que "gobierne dentro de la ley". La entidad considera que "una Hacienda propia, la Seguridad Social o un Banco Central catalán forzarán la fuga de empresas y la insumisión frente a la administración autonómica".
Por ello, Josep Bou, presidente de la entidad, insiste a Rajoy que demuestre firmeza en defensa del Estado de Derecho. "El presidente de la Generalidad es la máxima representación del Estado en Cataluña y su inequívoca obligación es cumplir y hacer cumplir la Ley". Para Bou "el fomento de la ilegalidad desde los poderes públicos, como propone el nuevo presidente de la Generalidad, puede provocar como indeseada consecuencia una fuga de empresas de Cataluña al no saber a qué marco legal atenerse así como el inicio de un proceso de insumisión de las empresas, con sede en Cataluña, a las normas que dicte la Generalidad".
Para Bou "es una grave irresponsabilidad forzar a las empresas a tener que elegir entre dos presuntas legalidades". Bou recuerda que "no hay dos legalidades, hay una Ley y un Estado de derecho, del que emana también la legitimidad de la Generalidad y un intento de perversión de la Ley que es lo que propone Puigdemont". "En estas circunstancias es fundamental que Rajoy cumpla su compromiso de hacer cumplir la Ley en Cataluña", añade Bou.
No es la única patronal catalana preocupada. El Círculo de Economía ya advirtió el pasado noviembre que era "indispensable y urgente corregir el rumbo que la política catalana" tras la declaración de independencia que aprobó el Parlamento catalán antes de que fuera anulada por el Constitucional. "La inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial que crea esa declaración son altamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana, la creación de riqueza y la generación de empleo. Pero estos efectos se magnificarían de confirmarse la formación de un gobierno de mayoría inestable, sometido a condiciones de plazo y comprometido con políticas y regulaciones susceptibles de crear una fuerte incertidumbre en las empresas, los inversores y los ahorradores", alertaba entonces.
Asimismo, Sociedad Civil Catalana afirma que la elección de Puigdemont "coloca a Cataluña y al conjunto de España ante una situación de una extraordinaria gravedad", ya que "continúa adelante el plan para destruir el marco constitucional y estatutario y crear, al margen de la legalidad interna, europea e internacional, un nuevo Estado en el territorio catalán". Todo ello unido a "un nivel de degradación institucional alarmante que se fundamenta en un objetivo que choca frontalmente contra la democracia y la ley".
Como consecuencia, "los proyectos de inversión empresariales pendientes se van a quedar congelados", anticipa Ferran Brunet, profesor de Economía de la UAB y responsable de esta área en la Sociedad Civil Catalana. "La economía también se va a resentir, veremos un proceso de degradación económica y España también se verá afectada", declara a elEconomista.
Brunet no descarta que, si el proceso independentista se consolida, la economía regrese a la recesión. "El coste para Cataluña ya es notable, pero puede incrementarse", adelanta. Dicha entidad calcula, que comparativamente con otras comunidades autónomas, Cataluña ha perdido tres puntos de PIB en los últimos años por los efectos del auge del independentismo.
Las advertencias de la banca
Asimismo, el Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research) ha avisado este lunes de que la incertidumbre que se vive en España respecto al entorno político, tanto a nivel catalán como nacional, podría empezar a tener un impacto mayor en las decisiones de empresas y familias.
Esta incertidumbre política es uno de los mayores riesgos para el crecimiento a nivel interno, junto a la probabilidad de que el déficit público se sitúe en el 4,5% al cierre del año, tres décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. "(Esta posibilidad) sigue siendo elevada", indica la entidad, tras avisar de que desviaciones mayores que las esperadas desplazarían una parte significativa del ajuste hacia 2016 y podrían afectar a la recuperación de la demanda interna.
"Un compromiso con la legalidad y con el impulso de medidas que mejoren el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios reduciría dicha incertidumbre", sostiene la entidad presidida por Francisco González.
Por su parte, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, considera que una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña afectaría a la banca, y advierte de que "la Ley debe ser respetada por todos y en todas las circunstancias". En rueda de prensa de presentación de la nueva estrategia comercial de la entidad, Goirigolzarri ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar lo que significa vivir en un Estado de derecho. "Debemos recordar los esfuerzos y sacrificios que la sociedad española tuvo que hacer para adoptarlo", señala.
En este sentido, ha destacado que el Estado de Derecho se basa en el respeto de la Ley y ha hecho hincapié en que ésta debe ser "respetada por todos y en todas las circunstancias". "Esto es una premisa básica para la convivencia y no puede ser trasgredida", afirma.
Igualmente, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado este lunes que la entidad tomará las decisiones empresariales que crea convenientes "al margen de la política", y que los temores del mundo económico son la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica, por lo que ha reclamado a los políticos que hagan un "esfuerzo" para que se den estas dos premisas.
"Que hagan el favor de hacer un esfuerzo para que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica; si no lo logramos, somos una empresa que hoy trasciende del marco de Cataluña y España", con un 18% del negocio en Cataluña, un 57% en el resto de España, un 20% en Reino Unido y un 5% en América. "Ni la marca, ni las oficinas, ni los domicilios, ni los centros corporativos tienen que ver con la política. Haremos lo que creamos conveniente para dar servicio a los clientes", constató Oliu.