Se confirma. España incumplirá el objetivo de déficit público del 4,2% del PIB comprometido con Bruselas para 2015. El déficit consolidado de la Administración Central, Seguridad Social y las comunidades autónomas sumó un total de 41.806 millones en los once primeros meses del año, equivalente al 3,87% del PIB, y apenas un 11,5% menos que en el mismo período de 2014. Estas cifras excluyen, en todo caso, las ayudas financieras (0,02% del PIB hasta noviembre) y el saldo correspondiente a las entidades locales.
Así pues, a la espera de los datos que arroje diciembre, el margen para cumplir los objetivos de déficit es muy estrecho. El agujero de la Administración Central asciende a 24.604 millones (2,28% del PIB), el de la Seguridad Social se sitúa en 2.998 millones (0,28%), mientras que las CCAA registran un déficit de 14.204 millones hasta noviembre (1,31%), superando en seis décimas la cifra prevista para todo el año.
De este modo, el desequilibrio presupuestario del sector público mejora ligeramente en noviembre respecto al año pasado, tal y como avanzaba la reciente evolución del déficit del Estado.
Pero si se compara la evolución del déficit por Administración, se observa que el conjunto de las Comunidades Autónomas no están reduciendo el déficit respecto de 2014 según lo previsto, y que la Seguridad Social, lejos de reducirlo, también lo está incrementando en 2015.
La cuestión es que dicha senda resulta insuficiente para lograr la meta acordada con Bruselas, ya que si se extrapolan los datos disponibles al conjunto del año, todo apunta a que el déficit cerrará muy cerca del 5% del PIB, lejos, por tanto, del 4,2% comprometido.
Un desvío próximo a 10.000 millones extra
En concreto, a falta de diciembre, el margen para cumplir el déficit de 2015 se reduce a 3.600 millones de euros más el superávit de los Ayuntamientos -unos 6.000 millones-, lo cual haría un total de 10.000 millones en el mejor de los casos. En diciembre de 2014, el déficit aumentó en 17.200 millones, de modo que, aun considerando un recorte del 15% el pasado diciembre, 2015 cerraría con un agujero de 50.600 millones (4,6% del PIB).
Sin embargo, el recorte promedio de 2015 ha sido del 5% y en ningún mes ha alcanzado el 15% citado, por lo que, empleando supuestos algo más realistas, la desviación final se ubicará, probablemente, entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros extra, rondando así el 5% del PIB, tal y como señala el economista Juan Ramón Rallo. Como consecuencia, la deuda pública también crecerá más de lo previsto inicialmente y rozará el 100% del PIB.
Más gasto público
De hecho, la situación real de las cuentas públicas es peor si se tiene en cuenta que la escasa reducción acometida se debe, casi exclusivamente, al crecimiento del PIB y no al necesario ejercicio de contención presupuestaria que deberían poner en marcha los distintos responsables políticos.
En este sentido, cabe recordar que tanto los datos de deuda como de déficit se suelen publicar siempre en relación al PIB, de modo que si éste sube como consecuencia del crecimiento económico, el agujero del sector público se reduce de forma automática. El problema aquí es que esta forma de expresar las cuentas logra maquillar los excesos y desatinos cometidos por la Administración Pública.
Así, por ejemplo, se observa que, entre el pasado enero y noviembre, el déficit acumulado por las autonomías sube en términos absolutos, pero el incremento estimado del PIB nominal logra suavizar dicho desajuste, ocultando así la situación real de las finanzas regionales.
Y lo más grave, además, es que el actual crecimiento económico no se está traduciendo en la reducción del déficit que cabría esperar, lo cual significa que las distintas Administraciones están aprovechando la mejora del PIB para elevar el gasto público, frenando con ello la reducción del déficit.
No en vano, una mayor actividad económica suele traducirse en más recaudación fiscal y un menor gasto derivado de la reducción de las prestaciones de desempleo y otras partidas. La teoría, por tanto, indica que el ajuste presupuestario debería acelerarse, pero esto no ha sucedido en 2015. La aceleración del PIB a tasas superiores al 3% interanual no está teniendo el impacto esperado en la reducción del déficit.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, el crecimiento del PIB y el ritmo de reducción del déficit divergen en 2015, lo cual indica que los políticos han aprovechado la situación para incrementar gastos en lugar de mejorar la situación de sus finanzas.
El problema es que todo ello implicará incumplir el objetivo de déficit en 2015 y convertir en quimera la meta del 2,8% prevista para 2016, en un contexto de posible ralentización económica. Y ello sin tener en cuenta la previsible reacción de Bruselas, que, ante tal desvío, exigirá nuevos ajustes por la vía de subidas de impuestos y/o recortes de gasto para tratar de corregir, al menos parcialmente, la situación.
