El desfase entre ingresos y gastos de las Comunidades Autónomas ha vuelto a situarse por encima del objetivo fijado desde el gobierno central. El objetivo medio pactado para todo el año 2015 contemplaba un descuadre fiscal del 0,7% del PIB, pero en algunas regiones se ha llegado a registrar un déficit del 2,21% entre enero y noviembre.
A falta de contabilizar el último mes de 2015, nos encontramos con que solamente cinco Ejecutivos registraban un déficit inferior al 0,7% del PIB en los once primeros meses del año pasado. Se trata de País Vasco (0,27%), Islas Canarias (0,31%), Islas Baleares (0,36%), Galicia (0,5%) y Asturias (0,58%).
Por encima del umbral del 0,7% del PIB nos encontramos con Navarra (0,72%), Cantabria (0,81%), La Rioja (0,97%), Castilla y León (1,03%), Comunidad de Madrid (1,11%), Castilla-La Mancha (1,17%) y Andalucía (1,31%).
El top cinco de las Comunidades Autónomas menos cumplidoras lo lideran Cataluña y la Región de Murcia, ambas con un déficit del 2,21% del PIB. El tercer, cuarto y quinto lugar es para Comunidad Valencia (1,92%), Extremadura (1,88%) y Aragón (1,61%).
Cataluña empeora su desaguisado fiscal
Comparando 2014 con 2015, vemos que las región que hizo más esfuerzos fue Baleares, pasando del 1,14% al 0,36% del PIB. También fue significativa la reducción de País Vasco, donde el descuadre se redujo del 0,66% al 0,27% del PIB. También en Galicia se observó una evolución positiva (del 0,78% al 0,5%) o Andalucía (del 1,75% al 1,31%).
El caso de Cataluña es especialmente llamativo, porque no solamente no ha mejorado su situación fiscal en un año marcado por la tensión soberanista sino que ha cerrado los once primeros meses de 2015 con un claro deterioro. Así, en 2014 había registrado un déficit del 2,08% frente al 2,21% observado en el último informe del Ministerio de Hacienda.
A lo largo del pasado año, las Comunidades Autónomas ingresaron un 3,3% más. Sin embargo, sus gastos se dispararon casi de manera equivalente: crecieron un 3,1%. Las partidas que experimentaron mayores aumentos fueron los sueldos de los funcionarios y trabajadores públicos, las inversiones o las subvenciones.