A lo largo de 2015, David Cameron anunció que exigiría a Bruselas un cambio de políticas orientado a brindar un trato especial a Reino Unido y a recuperar las reformas liberales que se habían pactado hace décadas como elemento central del proceso de integración comunitaria.
Los reclamos de Cameron han recibido ya una respuesta de 16 páginas que responde a muchas de las preocupaciones del dirigente conservador. De entrada, la Comisión Europea ha reconocido por escrito que su agenda de profundización del mercado único se ha estancado, motivo por el cual es necesario volver a impulsar esta serie de reformas.
También ha admitido Bruselas que se ha producido un parón en la firma de nuevos acuerdos comerciales con otros países y regiones. En esta línea, el pacto transatlántico con EEUU debería servir como revulsivo para que la UE recupere el libre comercio como uno de sus ejes de trabajo.
El borrador de la Comisión Europea también se compromete a "rebajar los costes administrativos que se le imponen a las empresas", prestando "un énfasis especial en el impacto que suponen estas normas en las pymes europeas".
Eliminación de leyes "superfluas e innecesarias"
También hay un compromiso comunitario con la eliminación de las leyes "superfluas e innecesarias". Aunque este epígrafe podría parecer superfluo, los estudios que se han realizado sobre este respecto apuntan a sobrecostes regulatorios que suponen 150.000 millones de euros cada año.
Pero hay más. En lo tocante a la soberanía del Reino Unido, el borrador de la Comisión anuncia que las menciones del Tratado de Lisboa a la creación de una unión aún más estrecha entre los países miembros no serán aplicables a Reino Unido. De hecho, Bruselas reconoce el "encaje específico" de Gran Bretaña en el conjunto de la UE.
Además, la Comisión propone que los parlamentos nacionales tengan la posibilidad de sacarle la "tarjeta roja" a la Unión Europea cada vez que estimen que las regulaciones comunitarias afecten de manera perjudicial a los intereses nacionales. El respaldo necesario será conseguir el 55% de los votos de los Parlamentos que busquen blindarse de las políticas europeas.
Finalmente, el borrador abre la puerta a que Reino Unido reduzca las ayudas sociales entregadas a inmigrantes que tengan a su familia en otros países. Más dura aún sería otra restricción que la UE está dispuesta a acomodar y que consistiría en impedir que los inmigrantes cobren ciertas ayudas en sus cuatro primeros años de trabajo en Gran Bretaña.