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La agenda económica que impondría Alberto Garzón como ministro

Defiende una batería de "planes de gasto" que tendrían un coste de casi 250.000 millones de euros.

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Sánchez, Garzón y Cayo Lara este miércoles | EFE

Podemos ve con buenos ojos la posibilidad de que Alberto Garzón sea ministro de Economía en el marco de un hipotético acuerdo de gobierno forjado entre el PSOE, la formación morada, Izquierda Unida y otros partidos.

¿Qué defiende Garzón para la economía española? El programa de Izquierda Unida arranca con un llamado a "prohibir las Empresas de Trabajo Temporal y las Agencias de Colocación Privadas". Estas medidas irían de la mano con la "potenciación de los servicios públicos de empleo", a pesar de que estas entidades del Estado solamente encuentran trabajo para el 3% de los demandantes.

El dirigente de IU, nacido en Logroño pero criado en Andalucía, también se muestra partidario de "establecer la jornada normal en 35 horas semanales" y de "compensar económicamente a las empresas de menos de 20 trabajadores" que fijen este tipo de horarios. Aplicar estos cambios tendría un coste directo de 30.000 millones de euros, según ha explicado David López Belanche.

El posible ministro de Economía también está a favor de reducir la edad de jubilación hasta los 65 años, medida que se complementaría con la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años.

Para el mercado de trabajo, IU defiende eliminar el grueso de las modalidades de contrato temporal y endurecer significativamente el control al que se somete este tipo de acuerdos. El 25% de los empleos que hay en España no son indefinidos, por lo que uno de cada cuatro trabajadores se vería afectado por las fuertes restricciones que quiere imponer Garzón en este segmento del mercado laboral.

En lo tocante al salario mínimo, el programa para el 20-D de la formación comunista defiende subir el sueldo mínimo hasta llegar a 16.464 euros anuales repartidos en catorce pagas de 1.176 euros. La subida se produciría de manera progresiva, a lo largo de un horizonte máximo de cuatro años.

"Topes salariales"

También defiende IU que sindicatos y patronal negocien a nivel sectorial la fijación de salarios, así como la posibilidad de decretar salarios mínimos superiores al interprofesional dependiendo del sector de actividad.

Otro aspecto polémico del programa serían los "topes salariales". Para Garzón y los suyos, "el límite máximo tanto en la empresa pública como en la privada será una cantidad equivalente a 10 veces las retribuciones totales que perciba la persona de salario más bajo". Partiendo de la existencia de los actuales salarios mínimos, el "tope salarial" de partida sería de 6.500 euros mensuales.

En lo tocante a las prestaciones por desempleo, IU apuesta por aumentar sus cuantías y su alcance. Además, aboga por eliminar el rol de las mutuas en este campo, de manera que los trabajadores autónomos ya no puedan organizar a través de esta fórmula su previsión ante un eventual escenario de paro.

La formación comunista también quiere aprobar un importante aumento del gasto público dedicado a contratar más empleados públicos. De hecho, Garzón se ha comprometido a contratar un millón de funcionarios en su primer año de gobierno, medida que cifra en 9.600 millones de euros.

A este gasto se sumarían los 15.000 millones que IU quiere consagrar a la financiación de "programas de trabajo garantizado", los 12.500 millones reservados para un plan de "cambio de modelo energético" o los 8.000 millones de euros de una "estrategia de empleo para parados de larga duración que costaría".

Pero a todo lo anterior habría que sumarle un Plan Europeo de Inversiones que iría de la mano de un Fondo Europeo de Solidaridad por el Empleo. Según IU, "esto implicaría una cantidad anual de 190.000 millones de euros anuales". Pero las inyecciones no acaban aquí. También se plantea la aprobación de rentas básicas que cubrirían a dos millones de españoles y supondrían un desembolso de 12.600 millones de euros.

En total, 247.700 millones de euros, cifra que ronda el 25% del PIB español y que supondría aumentar de manera significativa el tamaño del Estado.

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