El registro por parte de la Guardia Civil de la sucursal del banco ICBC en Madrid es la última de las operaciones practicadas en medio mundo contra los grandes bancos en torno a la persecución del blanqueo de capitales.
Estas pesquisas se han intensificado en los últimos años en pleno desarrollo del convenio de intercambio automático de datos fiscales entre Europa y Estados Unidos, el cual ha permitido que grandes entidades como BNP Paribás, HSBC o UBS (entre otros) sean investigadas y sancionadas por haber realizado operaciones opacas a través de los tan manidos "paraísos fiscales".
A través de este acuerdo que nace como extensión de la Ley FATCA americana, las autoridades de la primera economía del mundo (Estados Unidos) pueden lanzar órdenes de investigación sin necesidad de autorización por parte de los Gobiernos europeos y en un marco de estrecha colaboración entre las distintas Policías locales y los cuerpos transnacionales como Interpol o Europol. A ello se añade la participación activa de las distintas Haciendas y sus respectivos organismos de prevención del blanqueo de capitales y de lucha contra el fraude fiscal.
Con este punto de partida, uno de los objetivos particulares de las investigaciones americanas es China y sus empresas. En este ámbito, en los últimos años se ha acuñado un término que en comunicación ha tenido un gran efecto: la "mafia china". Bajo este término, los medios han generalizado conductas delictivas a toda una comunidad inversora –la china– cuyas transacciones comerciales y financieras con España se están incrementando a tasas del 60% interanual.
En esta ocasión, la investigación ha llegado a un punto muy importante en el tablero financiero mundial como es ICBC. Se trata del mayor banco del mundo en tres de los baremos más utilizados para evaluar el tamaño bancario: capitalización bursátil, stock total de crédito y volumen de depósitos. A cierre del jueves 18, este banco fundado en 1984 ha cerrado con una capitalización en la Bolsa de Hong Kong de 1,64 billones de dólares hongkoneses (190.600 millones de euros al cambio actual).
En estos más de treinta años de andadura, ICBC (participado en un 34,6% por el Ministerio de Finanzas chino, 35% por el fondo soberano de China CIC y con un 24,3% de capital flotante en Bolsa) se ha expandido por todo el mundo con un volumen de activos superior a 3,14 billones de euros (22 billones de yuanes) y un beneficio neto de 31.000 millones de euros según los últimos datos comunicados al regulador de los mercados de Hong Kong.
Con toda esta estructura, ICBC cuenta con un negocio cada vez más focalizado en banca de inversión y corporativa, siendo uno de los pilares básicos del mercado de contratación y liquidación en renminbi instalado en diversas partes del mundo como Londres o Frankfurt. Dada su posición de mercado, ¿es verosímil que el mayor banco del mundo instale una sucursal en España para "lavar" 40 millones de euros tal como sostiene la Fiscalía?
Es evidente que no, pero por una sencilla razón: los bancos chinos, sabiéndose objetivo por parte de las autoridades fiscales, extremaron desde el primer momento todos los controles para evitar el blanqueo. Pero, como sucede siempre, establecer más controles no es garantía de nada; sino que suele ser contraproducente.
Evitar el fraude fiscal y cumplir las leyes de los países de destino es el mensaje que trasladó el mismo miércoles la Embajada de China en España. Sin embargo, la falta de política de comunicación de las empresas chinas y también de las instituciones ha provocado que el descrédito de China cunda en la prensa y en las relaciones comerciales, aún frágiles entre España y China.
En suma, las investigaciones y la actividad judicial tienen un caldo de cultivo claro. En la última Cumbre del G-20, los países participantes reafirmaron su compromiso de acabar con los "paraísos fiscales" e integrar los distintos cuerpos de investigación de delitos fiscales. Sin embargo, existen "paraísos fiscales" porque hay "infiernos fiscales" cada vez más numerosos: países que han incrementado no sólo el control sobre la ciudadanía sino también la presión fiscal.
Javier Santacruz Cano es economista socio de China Capital y profesor de IEB