La buena sintonía y el entendimiento parecen haber sido la tónica general que ha presidido el encuentro entre Oriol Junqueras y el ministro Montoro a cuenta de la financiación autonómica en Cataluña, los incumplimientos de la Generalidad respecto al déficit y el gasto público y las cantidades a recibir del Fondo de Liquidez Autonómico.
Cataluña continúa inclumpliendo los objetivos de déficit, mantiene un gasto disparado, pero sigue culpando de sus males financieros al resto de España. Es más, este viernes, Junqueras ha pedido a Montoro que pague mes a mes la liquidación de 2014, en lugar de abonarla en julio. También ha pedido que se le permita convertir la deuda a corto plazo en deuda a largo y que así pueda ser financiada por el Fondo de Liquidez Autonómico y ha solicitado otros 1.090 millones de euros en concepto de "cálculo inadecuado del sistema de financiación del año 2015". Una cantidad que se suma a los 1.400 millones que recibirá la Generalidad antes del verano (la liquidación pendiente de 2014).
Tras reunirse durante mas de dos horas con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Junqueras ha destacado la buena sintonía entre ambos, pero no ha dudado en exigir a Montoro que los 1.400 millones restantes del 2014 vaya llegando "de forma lo más regular posible", porque que la administración catalana pueda ser rigurosa con sus proveedores "depende también del rigor con el que el ministerio cumple sus compromisos, pendientes desde el 2014".
Por su parte, Cristobal Montoro resumió el encuentro con una frase que resume este nuevo clima de entendimiento entre la administración central y la catalana: "Cataluña está respondiendo y está comprometida con la reducción del déficit público". Es más, para el ministro de Hacienda, "Necesitamos a Cataluña y ahora Cataluña es el motor del crecimiento de España". Montoro confirmó que la Generalitat ha enviado ya un plan de ajuste que ahora se discute a nivel técnico. Y actualmente, como el resto de comunidades, está auditada semanalmente por vía electrónica, lo que permite conocer el destino de los gastos casi en tiempo real.
Y precisamente, Montoro ha destacado el compromiso del Gobierno de ir pagando mes a mes los anticipos de liquidación de 2014 siempre y cuando la Generalitat los solicite y los justifique.
Respecto a la exigencia del Gobierno de que el dinero transferido se dedique a servicios sociales y al pago de proveedores, Junqueras ha mantenido que Hacienda tiene "conocimiento detallado, semana tras semana, de todas las decisiones de gasto de todas las comunidades autónomas". En una rueda de prensa celebrada en la sede de la delegación de la Generalidad en Madrid y no en el ministerio, Junqueras ha asegurado que hay "coincidencia" en que al menos algunos de los créditos a corto plazo de la Generalidad se pasen a largo plazo.
La Generalidad reclama desde octubre al Gobierno autorización para convertir una parte de su deuda a corto plazo -unos 1.600 millones- en deuda a largo plazo para poder incluirla en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). A juicio de Junqueras, "a todo el mundo le conviene" que los créditos que son a corto plazo -tres meses-, se renueven a largo, a un año o más. No ha habido ningún acercamiento en cuanto al tipo de interés que se cobra a las comunidades adheridas al FLA, incluida Cataluña, que la semana pasada presentó el plan de ajuste que requiere el Ministerio para tener acceso a esos fondos.
Rebaja del rating de S&P
Mientras la propuesta de la Generalidad catalana es que el tipo de interés de las partidas que reciben las comunidades sea 0, el mismo que cobra el BCE por prestar dinero, Hacienda insiste en mantener el 0,834 por ciento de interés. Junqueras, por otra parte, ha considerado "artificial" la calificación de la agencia Standard and Poor's, que ha degradado un escalón más la calificación crediticia de Cataluña, teniendo en cuenta que esa comunidad carece apenas de capacidad para recaudar.
Incumplimientos
Lo cierto es que Cataluña es la comunidad autónoma que más ha incumplido con los diferentes objetivos de déficit, gasto o incremento de deuda que ha impuesto el propio Ministerio de Hacienda. Es verdad que éste es un camino que comenzó a recorrer antes de que Cristóbal Montoro tomase las riendas de las administraciones públicas españolas. Pero no lo es menos que la actitud de la Generalidad no ha cambiado demasiado en los últimos años.
Así, a finales de 2007, justo antes de que estallara la crisis, Cataluña acumulaba una deuda pública de 15.776 millones de euros, una cantidad equivalente al 7,8% del PIB regional (la media de las CCAA en ese momento era del 5,7%). En diciembre de 2011, cuando el actual Gobierno llegó a La Moncloa, las cifras habían subido hasta los 44.095 millones y 22% del PIB (la media entre las 17 regiones era el 13,6%). Al cierre de 2015, la Generalidad acumula una deuda pública de 72.274 millones de euros, equivalente al 35,3% del PIB. Sólo Valencia y Castilla-La Mancha presentan una cifra superior en relación al PIB regional. La media de las comunidades autónomas es del 24,2%.
Hay que recordar que, desde la aprobación en la primavera de 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en teoría las comunidades autónomas estaban obligadas a cumplir con los objetivos de déficit. En la norma hay previstas una serie de sanciones que pueden llegar incluso a la intervención de la región que se salte los límites marcados por Hacienda. Sin embargo, a pesar de que varias comunidades autónomas han ignorado las advertencias año tras año, lo cierto es que estas sanciones no se han aplicado. De hecho, la propia Comisión Europea lanzó un duro toque de atención hace unos días al Gobierno español, al que advertía de que no podía permitir que las regiones siguieran sin cumplir con sus compromisos presupuestarios. Desde Bruselas el mensaje fue muy claro: si las autonomías siguen sin ajustarse el cinturón, habrá que aplicar la Ley con todas sus consecuencias.
En este sentido, Cataluña ha sido una de las regiones que más ha jugado con el margen que el Gobierno ha dado. La postura de Hacienda es que no se puede dejar caer a una CCAA sin que eso tenga efectos muy negativos para el resto de las regiones y también para la administración central. Este mismo viernes, Cristóbal Montoro lo ha repetido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: el compromiso del Gobierno es que no haya "ningún impago en ninguna administración pública española". Por eso se rescató a las regiones a través de diversos mecanismos, el más conocido de los cuales es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En esto Montoro es coherente con el discurso mantenido desde 2012. Su planteamiento tiene dos partes: por un lado, se obliga a las regiones a través de la Ley de Estabilidad a ajustarse a los objetivos de déficit que impone el Ministerio de Hacienda; por el otro lado, se ayuda a las comunidades a cumplir con sus compromisos, llegando incluso a una cierta mutualización de las deudas y se avalan (de una forma u otra) los pasivos de las regiones. El mensaje que se quiere hacer llegar es algo así como "en España todo el mundo cumple". Montoro lo ha explicado así este viernes: "No va a quebrar nadie, pero hay que hacer esfuerzos para cumplir con los objetivos de déficit. Si no, estaríamos financiando las alegrías de unos con los esfuerzos de los otros". De esta forma, de los 72.274 millones de deuda de la Generalidad, 43.343 millones están en manos del Estado.
El problema está en la segunda parte del enunciado, cuando Montoro dice que el Gobierno no permitirá que los que incumplen vivan a costa de los que sí se ajustan a las reglas. Porque Cataluña (y no sólo, pero esta región ha sido la más constante en sus incumplimientos) ha ignorado una y otra vez las advertencias de Moncloa. Desde 2011 no ha cumplido en ningún año con el límite de déficit impuesto. En los primeros años de la legislatura, el argumento que se deslizaba desde Hacienda es que se estaba produciendo el ajuste tras el descontrol de los años de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero Cataluña no ha cambiado en nada su actitud. En 2014, el déficit 
público de la Generalidad ascendió a 5.400 millones de euros, el 2,75% del PIB, a pesar de que el objetivo fijado por el Gobierno era del 1% y de que la media de las 17 regiones fue del 1,66% del PIB. Para 2015 todavía no hay una cifra definitiva, pero a cierre de noviembre, Cataluña era la comunidad autónoma con el déficit más elevado (2,21% del PIB), el triple del objetivo fijado para todo el año.
Sin embargo, a pesar de estos reiterados incumplimientos, la Generalidad ha sido la administración que más se ha beneficiado de los instrumentos puestos a su disposición por parte del Gobierno. De los 93.645 millones que el FLA ha aportado hasta finales de 2015, Cataluña se ha llevado 36.520 millones (más de una tercera parte del total). Y de los 6.113 millones que hay previsto desembolsar en el primer trimestre de 2016, Cataluña se llevará 2.042 millones (de nuevo, una tercera parte del total).