El vacío legal en la regulación de las actividades sindicales le podría haber reportado varios millones de euros extra a CCOO o UGT. Según publica el diario Cinco Días, miles de delegados de personal y miembros del comité de empresa de compañías que han cerrado siguen en los registros de sus correspondientes sindicados. La mayoría están en CCOO y UGT.
A pesar de que las empresas no están realizando ningún tipo de actividad, como estas personas siguen inscritas en el registro oficial del Ministerio de Empleo, sus centrales sindicales siguen recibiendo subvenciones en su nombre.
Este escándalo se debe al funcionamiento del sistema informático de baja automática, que sólo se renueva cada 4 años, algo de sobra conocido por el Ministerio de Empleo. Los sindicatos se lavan las manos, defienden que el dinero es legal y responsabilizan al departamento de Fátima Báñez de esta situación.
Según los cálculos del diario de Prisa, el pasado año, CCOO y UGT habrían contabilizado 26.650 sindicalistas fantasma que les habrían reportado unos ingresos sin justificar de un millón de euros. Los cálculos del sindicato de funcionarios CSIF son menos alentadores debido a que aseguran que la cifra de sindicalistas sin empresa llegó a los 80.000. Así, estas centrales habrían ingresado más de 2,5 millones de euros a costa del contribuyente.