El déficit conjunto de las administraciones públicas se situó en el 5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un punto porcentual más que el objetivo comprometido con Bruselas, que era del 4,2%.
Esta cifra equivale a unos 10.000 millones de euros de gasto adicionales y obligará a realizar un ajuste de unos 24.000 millones de euros a lo largo de 2016 para poder cumplir con el objetivo del 2,8% previsto para este año, todo ello en un contexto de incertidumbre política.
La desviación es consecuencia del incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que partían de un objetivo de déficit del 0,7% y que finalmente han cerrado el ejercicio en el 1,66% del PIB. Además, la Seguridad Social ha registrado un déficit del 1,26% en 2015, siete décimas por encima del 0,6% previsto.
Estas desviaciones solo han sido en parte compensadas por el cumplimiento por parte del Estado, que registró un déficit del 2,7%, frente al 2,9% comprometido, y por los ayuntamientos, que alcanzaron un superávit del 0,44%, frente al equilibrio previsto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en rueda de prensa que se trata de "una nueva reducción del déficit" respecto a 2014, pero ha lamentado que es "insuficiente" para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.
El dato definitivo de déficit público se conoce después de que Bruselas remitiera el pasado 9 de marzo una recomendación autónoma fiscal, en la que ya ponía el acento en el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Desde Bruselas se ha instado al Gobierno a que aplique las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el caso de incumplimiento de los compromisos de estabilidad fiscal por parte de las regiones.