Un Plan Integral de Lucha contra el Fraude es lo que presentará Podemos este miércoles ante la Comisión de Economía del Congreso, cuya medida más comentada es la posibilidad de incluir inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) que actúen de incógnito, según informa Europa Press.
Además, intenta potenciar la figura del denunciante fiscal, al que pagan por proporcionar información confidencial que permita el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas. Otra de las medidas es la generación de "coordinación e integración de información coordinada y en red" de todas las agencias tributarias del país junto con a las de Seguridad Social, además de la creación de unas instancias judiciales especializadas.
La fiscalidad de algunos tipos de sociedades que Podemos considera opacas como las Socimis, sociedades de capital riesgo y entidades de tenencia de valores extranjeros también sufrirían cambios con el objetivo de "velar por la inversión productiva y la equidad fiscal". Por ejemplo, se controlaría el número real y efectivo de socios en las Sicav, limitando el porcentaje de participación o incluso fijando un tiempo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas.
Disminuir el umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros es otra de las propuestas de Podemos, además de elevar el plazo de prescripción a diez años, aplicando las penas cuando lo defraudado supere 120.000 euros. También la creación de una Comisión de Expertos que proponga una metodología de cálculo de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral.
Se propone el incremento de los efectivos de la AEAT, así como la creación de un estatuto garantizando la autonomía de los funcionarios, una dirección profesional y objetiva, la "erradicación del uso partidario de la institución" y la obligación de diseñar planes estratégicos consistentes.
El director general de la Agencia tendrá que ser elegido por el Parlamento para un mandato de cinco años y con un contrato-programa de cada ejercicio. Con todas estas medidas, Podemos está convencido de que se podría elevar la recaudación tributaria entre un 1% y un 1,5% del PIB.