Durante años las Comunidades Autónomas de uno y otro signo han acusado a la Administración General del Estado (AGE) de no hacerse cargo de sus obligaciones a la hora de financiar los servicios recogidos en la Ley de Dependencia. Ha sido una de las excusas habituales para el déficit, uno de los motivos para reclamar cambios en el sistema de financiación autonómica y una de las quejas con las que fomentar el victimismo regional tan de moda e, incluso, una de las banderas del "España nos roba".
La realidad, sin embargo, no puede ser más diferente: son las CCAA las que no aportan los que les corresponde al gasto por la dependencia: concretamente están aportando la mitad de lo que destina la Administración General del Estado, cuando según la Ley el reparto de los gastos debería ser idéntico. Es lo que se desprende del informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia elaborado por técnicos del Ministerio de Sanidad y al que ha tenido acceso Libertad Digital.
26.000 millones para Dependencia
Según el citado informe, la financiación del sistema de Dependencia ha crecido hasta alcanzar los 7.450 millones de euros en 2015. De esta cantidad, un 53% -3.920 millones- correspondería a la aportación hecha por la Administración General del Estado, mientras que sólo un 19% -1.451 millones- sale de las arcas de las comunidades autónomas.
La cifra total se completa con el 28% -2.079 millones- que aportan los beneficiarios de los servicios en función de su renta. Llama poderosamente la atención que las aportaciones de las CCAA son incluso menores que las que hacen los beneficiarios del sistema, como vemos 628 millones menos.
Son porcentajes con los que se incumple claramente lo que especifica la propia Ley, que en su artículo 32 prevé, literalmente, que "la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado".
Está aportación de la AGE está recogida en dos capítulos diferentes y, a su vez, en dos artículos de la citada Ley: en primer lugar un Nivel Mínimo de protección que se recogería en el artículo 9; el siguiente epígrafe de la ley detalla además la posibilidad de ampliar estos niveles mínimos con una aportación extra.
Por ejemplo, en 2015, de esos 3.920 millones aportados por la AGE, 1.189 se correspondían a los niveles mínimos y 2.730 llegaron como esos fondos adicionales. En otras ocasiones, se han realizado también transferencias desde las cuotas de la Seguridad Social, que llegaron a rebasar los 1.000 millones en 2013, pero que en los dos últimos años se han eliminado.
Esta aportación llevó el dinero transferido desde la AGE a las CCAA a un máximo de 4.908 millones en ese año, siendo el segundo ejercicio con mayores transferencias 2010 -4.289 millones- y el tercero el pasado 2015.
En conjunto, siempre según el citado informe, desde la puesta en marcha del Sistema de Dependencia el Estado habría transferido a las Comunidades Autónomas más de 26.000 millones para sufragar las prestaciones de las que presumen los políticos autonómicos y que, ciertamente, en la mayor parte de los casos los usuarios perciben como prestadas por su gobierno regional.
Más gasto con el PP
Como decíamos, en conjunto la financiación que ha proporcionado el Estado ha crecido en los ocho años que lleva aplicándose la Ley hasta superar los 26.000 millones. Pero hay otro dato llamativo: si dividimos estos años en dos periodos de cuatro, en los primeros la aportación de Administración Central fue de 11.222 millones de euros, mientras que desde 2012 a 2015 esta cifra se ha disparado hasta los 15.049 millones.
Esto significa que con el PP en el poder las aportaciones del Gobierno de Rajoy han sido más de un 34% superiores a las que hizo en el mismo tiempo el gobierno anterior presidido por Rodríguez Zapatero.
En cualquier caso, la aportación del Estado siempre ha estado muy por encima de lo previsto en la Ley de Dependencia: según las proyecciones que incluía la propia norma sobre su impacto presupuestario, ya en 2009 la asignación real se había disparado a 2.200 millones cuando la previsión real era de sólo 979, una tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad -si el pasado año la AGE puso sobre la mesa 3.920 millones, la previsión era de sólo 2.212-.
Grandes diferencias entre CCAA
Por último, hay grandes diferencias respecto del nivel de gastos entre unas y otras CCAA, en la mayor parte de los casos muy distintas de lo que en principio algunos podrían pensar según el color político de los gobiernos regionales.
Si bien a este respecto hay, como en prácticamente todo lo relacionado con la Dependencia, un nivel sorprendentemente bajo de datos, según un informe del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio 2012, la que más pagaba era la Comunidad de Madrid, que sufragaba el 73% del gasto en dependencia en su territorio. Al mismo tiempo, Andalucía se quedaba en un 34%, solamente por debajo de Baleares (32%) y Galicia (27%).
Además de Madrid, en los primeros puestos de la clasificación encontrábamos a otras dos autonomías en ese momento gobernadas por el PP: Extremadura, con un 63%, y Castilla-La Mancha, con un 60%. Cataluña ocupaba la quinta posición en un recuento que no incluía a País Vasco, Navarra y Aragón.
Hay que tener en cuenta, además, que este recuento no incluía las aportaciones de los usuarios dentro de las realizadas por las CCAA, por lo que las cifras totales serían en todos los casos más bajas, si bien lo previsible es que la relación entre unas y otras no varía en exceso.