Con la desaparición en 2015 del sistema de asignación de cuotas de producción lácteas en la UE, y el consecuente aumento de la producción y descenso en los precios de la leche, se han puesto de manifiesto muchos de los problemas que arrastra desde hace mucho tiempo el sector del vacuno lechero en España. Problemas que se pueden resumir en uno solo: no es capaz de competir en un mercado libre.
Tras décadas de estar sometido al más descarado intervencionismo estatal, una gran parte del sector lácteo español está demostrando, con la inestimable ayuda del Gobierno, su incapacidad para adaptarse a un mercado con libertad de producción y precios. Y al verse incapaces de competir, reclaman al Estado nuevas medidas proteccionistas. Y las consiguen. La primera medida gubernamental ante la llegada del mercado libre al sector fue volver a regularlo. Así, en febrero de 2015 se aprobó mediante real decreto el denominado Paquete Lácteo, que, a instancias de los sindicatos agrarios, establece de forma obligatoria las condiciones de contratación entre ganaderos e industria láctea. En esa misma línea, en marzo de 2015 el Senado aprobó una moción que instaba al Gobierno a mantener y reforzar los mecanismos de vigilancia del mercado lácteo. El senador del PP que presentaba la moción declaraba: "Es necesario continuar protegiendo al sector ante el nuevo escenario que se presenta con la liberalización del mercado". Desde entonces hasta hoy, son innumerables las propuestas, multiplicadas en periodo electoral, encaminadas a proteger la renta de los productores de leche de vaca.
Ahora bien, ¿es realmente imprescindible la intervención del Estado para garantizar la existencia de las ganaderías de leche en España? ¿Acaso será verdad que, por nuestras particularidades geográficas, de costes, sanitarias, etc, los ganaderos españoles no están en condiciones de ser competitivos en un mercado libre global? Para contestar a estas preguntas, nada mejor que tomar como espejo los datos de dos de los sectores ganaderos que en España operan prácticamente sin ningún tipo de protección y en los que los ganaderos, los empresarios, afrontan los riesgos inherentes a cualquier actividad económica sin una red estatal protectora: el porcino y el avícola.
El porcino y el avícola son los sectores que contribuyen en mayor medida a la renta de nuestros ganaderos. Ocupan el primero y el segundo lugar, respectivamente, en cuanto a importancia económica, y representan aproximadamente el 34 y el 23% de la producción final ganadera. En porcino, España es el cuarto productor a mundial (después de China, EEUU y Alemania), el segundo de la UE y el tercer mayor exportador de la Unión. España, junto con Francia, es el mayor productor de huevos de la UE y el segundo productor europeo de carne de pollo.
La respuesta parece clara, ¿no? Los dos sectores más importantes de la ganadería en España, que aglutinan más del 50% de la producción ganadera, prosperan hoy sin necesidad de normativas proteccionistas o subvenciones pagadas por todos. Habrá actividades en las que España no destaque, pero no es el caso de la ganadería. En este ámbito somos líderes mundiales. Siempre, claro está, que hablemos de sectores no asfixiados por la regulación, la intervención y la subvención. Y seguramente será casualidad, pero precisamente en los sectores ganaderos más intervenidos y subvencionados (vacuno, ovino/caprino) es en los que el Estado tiene que desarrollar campañas sanitarias de erradicación de enfermedades animales transmisibles al hombre. Campañas pagadas con el dinero de los contribuyentes. En los sectores ganaderos más libres, hace ya tiempo que los ganaderos se encargaron de garantizar, por sus propios medios, las condiciones sanitarias de sus animales. Normal, en un mercado libre no subvencionado, les iba su renta en ello…
Así que, si queremos un sector lácteo pujante en España, dejemos que el libre mercado actúe. És el único que puede conseguirlo.
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