Aun a riesgo de parecer machacón, insistiré en la necesidad de mantener ciertos principios, sin los que la convivencia resultará imposible. Podríamos remontarnos a la división de poderes, sin la que no cabe democracia, pero como dijo el inefable don Alfonso Guerra que Montesquieu había muerto, y supongo que lo enterraron, dejaré que descanse en paz.
Me referiré, someramente, a problemas que plantea la ignorancia de aquel principio para personas que aspiran a una convivencia pacífica, en libertad y responsabilidad –es decir, democrática–, y necesariamente en orden, que no puede ser perturbado caprichosamente en beneficio de unos y perjuicio de otros. Una aspiración que no es personal sino de la comunidad en su conjunto. Quien preconiza el desorden, lo que realmente pretende es imponer su orden.
Con lo dicho se entenderá que no estoy dispuesto a admitir –de hecho, lo admito por coacción– que el orden –que viene estructurado por normas que nos hemos dado para esa convivencia– se perturbe, es decir, se manosee, se infrinja o se chulee, por quien tiene que garantizarlo: la autoridad correspondiente.
En otras palabras, las normas no pueden ser papel mojado; están promulgadas para cumplirse, y ha de asegurarse que su infracción tenga un castigo ejemplarizante. Si quienes tienen que garantizar que las disposiciones normativas se cumplen optan por la bonhomía decidiendo no aplicarlas están despreciando el orden jurídico y, a su vez, la función legislativa.
El pasado lunes, la Comisión Europea no consideró creíbles las previsiones económicas del Gobierno español. Es más, valoró positivamente las referidas al crecimiento del PIB, con pequeñas correcciones en más y en menos que no suponían una contradicción de lo dicho por el Gobierno, pero abiertamente no aceptó las previsiones financieras.
Es decir, no acepta la Comisión el cálculo de gastos e ingresos del sector público presentado por el Gobierno y, por tanto, tampoco el nivel del déficit presupuestario, que estima superará ampliamente lo autorizado por Bruselas para 2016 y 2017, producto ya de una tolerancia basada en razones de excepcionalidad y, más aún, de benevolencia del ejecutivo europeo. La pregunta ahora es: ¿y qué? España lleva incurriendo en déficit excesivo no menos de doce años, un déficit que requiere financiación en una moneda que es común: el euro. ¿Qué debe hacer el guardián de la norma en este caso? ¿Sancionar?
La respuesta es bien sencilla: aplíquese la norma, y ésta establece que se imponga una penalización del 0,2% del PIB del infractor. Existen situaciones excepcionales, que ya han sido consideradas, por lo que la contumacia en el déficit muestra ausencia de disciplina financiera. ¿Qué pasaría si buena parte de los países de la Unión incurrieran prolongadamente en déficit excesivo? ¡Adiós euro! La benevolencia en estos casos equivale a indolencia.
Por ello, doliéndome como español, procede la sanción, por respeto a la norma y al orden económico establecido. Peor que la ausencia de normas es que éstas no se cumplan; que sean papel mojado.