Nunca es una anécdota, pero menos aún cuando su crecimiento parece imparable. Bien es verdad que la deuda pública es la resultante de una enfermedad, el déficit público, que en su origen viene motivado por la prodigalidad en la administración de recursos públicos.
Estamos hablando de la incapacidad para asumir las restricciones que imponen los recursos escasos. En estos casos, la benevolencia, la condescendencia ante las peticiones, equivale a la irresponsabilidad en la administración, que incapacitaría a cualquier mortal para asumir cualquier gestión de recursos.
El déficit no es un simple dato estadístico, ni siquiera es el dato que hay que vender a la Comisión Europea mostrando que no existe otra solución y que sobre nuestra nación lloverán todos los males, económicos, políticos y sociales, si se ponen trabas a que ese déficit, incumplido históricamente, se siga tolerando, pues la alternativa será peor.
Esto último podrá ser cierto, aunque no es momento para discutirlo, pero no es menos cierto que esas amenazas de lo que está por venir exoneran de responsabilidad a quien tiene la misión de cumplir con el déficit pactado, que a su vez ya es una tolerancia innecesaria del admirado déficit cero, que se da por imposible.
Asumir que el déficit público es poco menos que un hecho irrelevante es optar por que todas las discusiones acerca de cuál deba de ser el sistema fiscal, y qué criterios de justicia lo han de respaldar, son simple palabrería, pues el déficit modificará en su incidencia aquellos criterios que el legislador estableció como programáticos del sistema tributario.
Y ello pensado sólo en el capítulo de ingresos, porque si contemplamos también el de los gastos las posibilidades de alejarnos de aquellos criterios se incrementan exponencialmente, de suerte que quienes se suponía que tenían que soportar una carga acaban siendo beneficiarios de la carga asumida por otros. Es, en definitiva, un fraude al sistema fiscal.
Es en esa falta de valoración del problema donde se inicia el itinerario perverso que conduce a las sociedades endeudadas, carentes de credibilidad y de solvencia, y que, en ocasiones, desembocarán en lo que con elegancia, aunque mitigando su verdadero significado, denominarán los mercados financieros default, aunque yo prefiero llamarle suspensión de pagos, sin paliativos.
¿A qué esperamos? Nuestra deuda pública ya ha conseguido superar el PIB, es decir, el total de rentas generadas en el país durante el año. Una deuda que se viene acumulando, año tras año, consecuencia de los déficits, sólo posible por la fácil financiación, lo que no significa que los españoles no estemos endeudados en una cuantía, cada uno, equivalente a la renta percibida durante el año.
¿Qué diría una entidad financiera si una empresa pidiera cada año más financiación para una deuda que crece incesantemente? Les aconsejo que se ahorren el viaje y no pierdan el tiempo. Lo público, desgraciadamente, es distinto.
¡Ay, cuando suban los tipos de interés! Que subirán. ¿Quién pagará?