Al cierre del año 2015 el déficit de las cuentas públicas fue de 5% sobre el PIB mientras que el Gobierno español se había comprometido en un déficit de 4,2%. Por esa razón, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, envió el pasado 5 mayo una carta a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dando explicaciones sobre por qué España no había podido cumplir con los objetivos de déficit redactados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En la argumentación de Mariano Rajoy, una de las variables clave por la que no ha sido capaz de cumplir el objetivo de déficit ha sido la falta de inflación. En concreto, la misiva detallaba lo siguiente:
El ajuste fiscal se ha visto dificultado por la inflación muy baja (e incluso negativa) […] esta baja inflación ha tenido un impacto negativo sobre las cuentas del públicas y ha supuesto una dificultad añadida para lograr la consolidación fiscal más intensa.
Según los datos del INE, en el año 2015, la variación anual del IPC fue de 0%, sin embargo la tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados y productos energéticos) fue del 0,9%, es decir casi un punto por encima del IPC general.
La principal causa de este diferencial se encuentra entre los productos energéticos, que han experimentado una variación anual de -7,5%, gracias a la caída del petróleo durante el ejercicio pasado. ¿Hubiese preferido Rajoy que el petróleo no se hubiese desplomado en una economía energéticamente tan dependiente como es la española?
Sin embargo, Rajoy debería conocer qué hubiera sucedido con una inflación alta… Uno de los colectivos más vulnerables a la alta inflación son los pensionistas, un gran segmento de votantes del Partido Popular, que hubiesen visto la pérdida de poder adquisitivo debido a que las actuales pensiones ya no están ligadas a la variación del IPC. Cabe recordar que el año 2015, un año especialmente electoral, muy probablemente este target de votantes hubiese castigado, más aún si cabe, al partido de Mariano Rajoy.
Los trabajadores también hubieran sido un colectivo seriamente dañado en una etapa inflacionista y más cuando el nivel de desempleo es aún demasiado elevado (21%), por lo que los salarios, a día de hoy, no tienen potencial alguno de revalorización. Por esa razón, una eventual inflación hubiera enterrado más aún a las clases medias, que ya han sido suficientemente atacadas a través de las subidas de impuestos.
Los ahorradores con un perfil conservador es otro de los colectivos más perjudicados cuando la inflación aparece, viendo disminuidos el valor real de sus ahorros. Esto no significa que los ahorradores no hayan sido perjudicados durante 2015. Y es que la política monetaria del Banco Central Europeo ha llevado a los depósitos y a los activos de menor riesgo, como son los instrumentos de deuda pública, a rentabilidades paupérrimas o incluso negativas como el bono español a dos años.
El Estado es uno de los mayores beneficiarios cuando aparece la inflación, ya que obtiene mayores ingresos al aumentar las bases impositivas de los diferentes impuestos. Por esa razón, el Estado puede recaudar más cuando sube la gasolina, al poder aplicar un porcentaje fijo de IVA y de impuestos sobre los carburantes sobre un mayor precio del litro de combustible.
La inflación es una de las vías preferidas de todo Gobierno para pasar la responsabilidad de sus desvíos presupuestarios al resto de ciudadanos. En otras palabras, "socializar la deuda". Pensemos que a día de hoy la deuda pública española se encuentra en el 100% sobre PIB, niveles no vistos des hace más de un siglo. Mediante la inflación se reduce el valor real de la deuda, por lo que existe un gran incentivo para obtener inflación en el largo plazo.
De hecho, el Banco Central Europeo mantiene un objetivo de inflación del 2% en el medio plazo. Con esos objetivos, una deuda de 1.000 € tras cinco años tendría un valor de 903,92 € y tras 10 años el valor de la deuda serían de 817,07 euros.