Hubo un tiempo, ya lejano, en el que el PP alardeaba de principios liberales. Desde que inició la anterior legislatura, ha justificado su renuncia a dichos principios por la necesidad de superar "la crisis económica más importante de la democracia". Muchas presunciones discutibles hay en esa afirmación. ¿Acaso no fue peor la crisis del 79?, ¿no era posible aplicar medidas más coherentes con su programa?). Pero ése ha sido el mantra que han utilizado para justificar ante sus votantes su decisión de subir impuestos y no tocar el gasto "social".
La realidad es que ni siquiera cuando han tenido ocasión de introducir medidas liberales que no afectaran al gasto o que, incluso, lo rebajarían, ha optado por ellas. Un caso claro es el de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Éstas son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran en la gestión de determinadas prestaciones de la Seguridad Social, reintegrando en la Seguridad Social el resultado positivo de su gestión y asumiendo ellas el resultado negativo. Como se puede ver, son el tipo de socio que cualquiera querría tener en un negocio: si hay ganancia, te lo quedas tú; si hay pérdidas, las asume él.
Por la cuenta que les trae y dado que no pueden influir en los ingresos fijados por el Estado, están muy orientadas a optimizar el gasto y no incurrir en déficit. Quizá por eso el Estado les ha ido imponiendo la gestión de un número mayor de prestaciones que los sistemas de gestión pública no lograban o no preveían poder optimizar.
En esta legislatura se ha llevado a cabo la reforma de dichas mutuas. En 2011, el PP apoyó una disposición adicional a la Ley de Presupuestos que solicitaba una modificación del régimen legal de las mutuas, que asegurara su carácter privado y respetara su autonomía gestora y de gobierno.
La negativa reforma del PP
Ante ese mandato, el PP podría haber optado por medidas que potenciaran un modelo de colaboración público-privada, en línea con lo que las mutuas afectadas habían propuesto, respetuoso con su naturaleza y autonomía gestora, con incentivos racionales que evitaran las distorsiones del sistema -"si ganamos, sólo ganas tú/si perdemos, sólo pierdo yo" antes apuntado-.
Podría haber impulsado la excelencia en la gestión, incluida la gestión del talento interno. Podría haber apoyado la competencia entre ellas como motor de la mejora de la calidad en el servicio y la reducción de costes. Podría haber introducido las modificaciones legales necesarias para que actuaran con la misma autonomía que cualquier otra empresa en su colaboración con la Administración.
Tenía incluso la ocasión de buscar alternativas para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, con la introducción parcial de un sistema de capitalización en la gestión de las contingencias profesionales, esa parte del sistema gestionada al 96% por las mutuas y en el que subyace más claramente la técnica del seguro (responsabilidad objetiva de los empresarios, cotización por éstos, tarifa de primas en atención al riesgo, aseguramiento por entidades privadas, capitalización de las pensiones, etc.).
Pero, una vez más, se ha hecho exactamente lo contrario. Teniendo la mayoría necesaria y el respaldo social para introducir medidas liberalizadoras, se ha modificado la regulación de las mutuas al gusto de la concepción estatista de los actuales dirigentes del PP. Es ilustrativo que el nuevo régimen de las mutuas atribuya al Ministerio de Empleo y Seguridad Social hasta 36 competencias de autorización y control en prácticamente todos los ámbitos de dirección, organización y gestión, vaciando de contenido su capacidad de organización y de gobierno, mutándolas de hecho en órganos administrativos sin personalidad.
El PP pudo optar por una regulación más eficiente, más liberal, con mayor competencia gestora y con unos incentivos económicos más lógicos, que permitieran una mayor transparencia en la labor de las mutuas y una dación de cuentas a sus empresas asociadas más claramente ligada a sus resultados. Ha hecho lo contrario y, en este caso, no puede excusarse en la crisis para renunciar a los principios que lo llevaron al Gobierno.