Los escándalos de corrupción que han salpicado a PP y PSOE en los últimos años han dado alas al ascenso del populismo. Pese al turbio pasado de sus líderes, Podemos ha conseguido hacerse un hueco en el panorama político a base de popularizar la idea de que los partidos tradicionales son auténticas máquinas de corrupción. ¿Hasta qué punto puede España darle la vuelta a esta situación y mejorar sus instituciones?
Las encuestas de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional no dejan a España bien parada. En la edición de 2012, que cubre 168 países, España ocupa el puesto 36, un nivel similar al de Eslovenia o República Checa. Peor aún le va a Italia, que se queda en el número 61, o a Grecia, que ocupa el 58. Sin embargo, otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia o Portugal salen mejor parados que nosotros, aupándose a los puestos 10, 23 y 28, respectivamente.
Por su parte, la consultora EY (antes Ernst & Young) publica cada año su encuesta sobre fraude y corrupción. En nuestro país, un 50% de los directivos señala que las malas prácticas son comunes, un nivel similar al 56% de Italia o el 62% de Grecia. De entre 57 países consultados, España ocupa el puesto 35. A la cabeza del ranking está Brasil, que tiene el dudoso honor de que nueve de cada diez directivos señale que la corrupción es generalizada.
Otro indicador relevante es la clasificación que elabora el Banco Mundial en relación con la capacidad de los países para controlar la corrupción. España ha experimentado una trayectoria descendiente en la última década, hasta situarse por debajo de Alemania y Portugal, aunque por encima de Grecia e Italia, que ni siquiera llegan al 5 en la última edición del estudio.
También merece la pena fijarse en el Índice de Integridad Pública, un documento que elabora el Centro Europeo de Investigación contra la Corrupción (ERCAS). España ocupa el puesto 20 de entre 105 países analizados. Por categorías, salimos mejor parados en campos como la transparencia presupuestaria (puesto 25), la administración digital (puesto 20), la apertura comercial (puesto 13) o la libertad de información (puesto 25). La nota es más baja en independencia judicial (puesto 58) o carga administrativa (puesto 35).
Por último, el Índice de Libertad Económica en el Mundo que elabora la Fundación Heritage y que publica en España el think tank Civismo otorga 65 puntos a España en el pilar dedicado a ponderar la calidad del Estado de Derecho y la ausencia de prácticas irregulares. La nota media que obtiene España en este índice es de 68,5 puntos, por lo que la calificación recibida en el campo institucional es inferior a la que obtenemos en el resto de variables del estudio.
La evolución del informe GRECO
El gobierno del PP ha aprobado distintas medidas orientadas a reforzar los controles contra la corrupción. He aquí los puntos que destacan los populares cuando se habla de este tema:
- Se ha prohibido que los bancos condonen deuda a los partidos.
- Se han eliminado las tarjetas de crédito entregadas a altos cargos para gastos de representación.
- Se ha mejorado la regulación de las donaciones de particulares y empresas a los partidos.
- Se ha incorporado la responsabilidad penal de los partidos políticos.
- Se han limitado los tiempos máximos de instrucción.
- Se ha obligado por ley a los gerentes de los partidos que rindan cuentas ante el Parlamento.
- Se ha aprobado la primera ley nacional de transparencia.
¿Han sido suficientes estas reformas? El Consejo de Europa sí ha dado un aprobado a estos cambios. Para ser precisos, el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (también conocido como GRECO) salió a la luz a comienzos de 2016 y revela que nuestro país cumple 11 de las 15 recomendaciones de la organización en materia de lucha contra la corrupción.
Otros países han adoptado menos reformas. Francia apenas asumió de manera satisfactoria siete de las diecisiete recomendaciones del grupo GRECO. En Italia, apenas cuatro de las dieciséis reformas apuntadas por el Consejo Europeo se han adoptado de manera adecuada. Alemania tampoco obtiene un resultado especialmente positivo: solo asume con claridad ocho de los veinte reclamos del proyecto anti-corrupción. En Grecia sí hay un giro más decidido: de la friolera de 27 recomendaciones, Atenas ha dado luz verde de manera satisfactoria a 19.
Al hilo de todo lo anterior, parece claro que España no está entre los países más corruptos del mundo y tampoco ocupa las primeras posiciones si limitamos el estudio a las naciones más desarrolladas. Sin embargo, parece evidente que aún queda trabajo por hacer para conseguir unas instituciones más limpias.