Una hucha, cualquier hucha, no puede ser volátil. Y no puede serlo porque su misión es garantizar la cobertura de los riesgos de quienes nutrieron, con parte de sus rentas, ese fondo de suficiencia. Cumplirá su misión cuando las aportaciones al fondo y el cálculo del riesgo probable sean rigurosos y ajustados a la realidad.
Una tercera condición, importante, será también necesaria: que nadie pueda disponer de la hucha para otro fin distinto de aquel para el que se calculó la aportación y la extensión de cobertura del riesgo. En nuestro caso podría decirse que la hucha, como recipiente, tiene una hendidura que supera con mucho el grosor del caudal depositado, lo que ofrece muchas posibilidades perversas.
Recordamos la habilidad de no pocos infantes que, con un estilete o una fina navaja por toda herramienta, se las ingeniaban para sacar las monedas que precisaban para sus necesidades, de ordinario poco confesables.
Pues bien, aquellos inocentes malabarismos se han visto superados por la desfachatez con la que los Gobiernos, con estilete o sin él, meten la mano por la generosa hendidura, sustrayendo, una y otra vez, los recursos guardados, para fines que nunca estuvieron en la voluntad de quienes los aportaron.
El Estado o, mejor, los Gobiernos se sienten atraídos por el frenesí de liberarse de restricciones, de eliminar límites a su discrecionalidad en el ejercicio del poder, que sueñan sublime si fuera absoluto. Así, muchas de las aportaciones que coactivamente aportamos a las arcas públicas han visto erosionar el objetivo que las creó, subsumiéndose en un cajón de sastre en el que tan pronto encontramos un retal como un alfiler, un dedal o una cinta métrica.
¿Quién recuerda hoy que el impuesto sobre carburantes se creó para financiar la construcción de carreteras? ¿O quién recuerda que el impuesto sobre bebidas alcohólicas tenía como fin limitar su consumo? ¿Qué decir de las aportaciones a la Seguridad Social?
Ni siquiera se les llama impuestos, como en algunos países –impuesto sobre nóminas–, sino simplemente cotizaciones. Como tales, generan derechos para los cotizantes, al igual que la prima que pagamos a una entidad aseguradora dando cobertura a un riesgo. Generan derecho a recibir asistencia sanitaria, a recibir prestación ante el desempleo... y a recibir una pensión llegada la jubilación, habiendo cotizado el tiempo establecido.
Que los Gobiernos piensen que pueden utilizar el dinero que se ingresa en la hucha según les venga en gana es un fraude a los cotizantes. Los Gobiernos, más en período electoral, están abiertos a complacer las pretensiones más varias de los electores. Nada hay en contra de ello, pero sin tocar la hucha de las cotizaciones.
Con transparencia, la sociedad debe conocer cuánto cuestan esas atenciones, que no cotizaron para ser acreedoras a la prestación y que, de serlo, deberían ser atendidas por los ingresos generales del Estado, no por la hucha de las pensiones.
Así estaba establecido en el Pacto de Toledo de 1995.