En los últimos días, el PP ha destacado la necesidad de aprobar cuanto antes unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2017 para aplicar los ajustes que exige Bruselas con el fin de alcanzar los nuevos objetivos de déficit y, de este modo, evitar la multa que todavía pesa sobre España como consecuencia del incumplimiento fiscal registrado en 2015.
Sin embargo, el argumento del Gobierno en funciones resulta falaz y engañoso, puesto que la aprobación de unos nuevos PGE en ningún caso contribuirá al necesario saneamiento del sector público, más bien al contrario: prorrogar los Presupuestos vigentes facilitaría más la reducción del déficit que la presentación de unas nuevas cuentas públicas.
La realidad, por tanto, es muy diferente a la que difunde el PP: si se retrasa la formación de Gobierno más allá de septiembre o se convocan unas terceras elecciones, prorrogándose así los PGE de 2016, todas las Administraciones Públicas estarán obligadas por ley aplicar unos ajustes mucho más sustanciales, ya que los objetivos de déficit serían más exigentes -cosa distinta es que los cumplan-.
Así pues, el hecho de que el PP blanda los Presupuestos como medida de presión frente al PSOE poco o nada tiene que ver con la amenaza de multa por parte de Bruselas y sí mucho con la aplicación de unos recortes y/o subidas de impuestos que afectarían tanto a populares como a socialistas, puesto que se extenderían a todos los niveles de la Administración, especialmente a las autonomías, tal y como informa John Müller en El Español.
La razón es la siguiente. El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió con la Comisión Europea a reducir el déficit del 5,9% del PIB en 2014 al 4,2% en 2015, pero, finalmente, el agujero presupuestario ascendió al 5,1% el pasado año, lo que supone un desvío de casi 10.000 millones de euros.
Según la normativa comunitaria, la Comisión Europea debería haber multado a España por este incumplimiento con una cuantía de hasta el 0,2% del PIB, equivalente a más de 2.000 millones, pero tras los últimos meses de negociación Bruselas optó por perdonar dicha sanción a cambio de la aprobación de nuevos ajustes.
Lo más relevante en esta materia, sin embargo, no es la existencia o no de multa, sino los nuevos objetivos de déficit que la UE ha concedido a España. Una vez más, la Comisión suavizó el pasado julio la senda fiscal que debe alcanzar el Estado a corto y medio plazo, en línea con las previsiones que refleja el siguiente gráfico.
España tendría que cerrar este año con un agujero del 4,6% y reducirlo al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Esto supondría un ajuste de 18.000 millones de euros hasta finales del próximo año, cuya consecución provendría en parte del crecimiento económico, pero también de nuevos recortes y/o subidas de impuestos.
Por otro lado, este esfuerzo se repartiría entre las distintas Administraciones. ¿Cómo? Según los objetivos acordados el pasado abril entre el Ministerio de Hacienda y las CCAA, los gobiernos regionales deberían reducir el déficit desde el 1,7% del PIB registrado en 2015 hasta el 0,7% este año y el 0,5% el siguiente. Es decir, un ajuste de unos 12.000 millones hasta el cierre de 2017.
¿Problema? Tanto la nueva senda fiscal marcada por la UE como los nuevos objetivos autonómicos son, por el momento, papel mojado, ya que su vigencia dependerá de si se aprueban o no los nuevos Presupuestos de 2017. Y es que, en caso de que se tengan que prorrogar las cuentas de 2016, la reducción del déficit tendría que ser mucho más sustancial, según la ley, puesto que los objetivos en vigor son más exigentes.
En concreto, los PGE de 2016 incluyen la siguiente senda fiscal:
El déficit público debería bajar del 5,1% registrado en 2015 al 2,8% en 2016 y al 1,4% en 2017, lo que significa un ajuste de más de 37.000 millones de euros. Las CCAA, por su parte, deberían reducir su desequilibrio fiscal desde el 1,7% registrado el pasado año hasta el 0,1% el próximo, unos 16.000 millones de euros menos.
Ambas cifras contrastan, pues, con el ajuste que el Gobierno en funciones ha negociado con Bruselas y las CCAA: 18.000 y 12.000 millones, respectivamente, hasta 2017. Prorrogar los PGE de 2016 implicaría, al menos sobre el papel, un ajuste extra de unos 20.000 millones de euros entre este año y el siguiente -de los cuales 4.000 corresponderían a las CCAA- para poder cumplir los objetivos de déficit vigentes.
Dicha prórroga no sería, pues, negativa para el proceso de consolidación fiscal, sino todo lo contrario, pero perjudicaría electoralmente a los políticos, de PP y PSOE, responsables de llevar a cabo tales ajustes.