El déficit oculto, la herencia recibida, la necesidad de un pacto de Estado, las complicaciones de la crisis o las imposiciones de Bruselas... A lo largo de los últimos cuatro años el Gobierno ha tenido numerosas excusas de las que tirar para explicar por qué incumple su programa. Es cierto que no lo tenía fácil. En 2012, cuando llegó a La Moncloa, se encontró un país en caída libre, que amenazaba quiebra (y no es una forma de hablar) y del que se dudaba que pudiera mantenerse dentro del euro y la UE.
En aquella situación, es lógico que algunas de las propuestas del programa electoral con el que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones no pudieran llevarse a cabo. Otra cosa es si es honrado prometer en el discurso de investidura bajar impuestos y subirlos todos de golpe quince días después. O si es creíble que Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro no supieran en el otoño de 2011 que el déficit que iba a dejar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era de verdad del 6% del PIB.
En cualquier caso, puede decirse que en estas cuestiones el Gobierno tiene el beneficio de la duda. Las circunstancias habían cambiado, Zapatero mintió y las medidas también tuvieron que ser excepcionales.
Pero esto no vale para todo. Hay otras promesas que el Gobierno ha olvidado (no sólo en economía) y que son mucho más complicadas de justificar. Ni suponen un euro más para las arcas públicas, ni tienen nada que ver con los compromisos con Bruselas, ni necesitan de apoyo parlamentario extra para salir adelante. Y en teoría eran muy fáciles de cumplir.
En concreto hablamos de un compromiso que puso encima de la mesa el Ministerio de Empleo en la primera mitad de la legislatura 2012-2015. Mandar una carta a los trabajadores mayores de 50 años informándoles de cuál iba a ser su futura pensión de acuerdo a varios posibles escenarios.La idea era muy interesante. Con más información, los
trabajadores podrían tomar mejores decisiones sobre su futuro. En lo que respecta a las pensiones, sabrían cuánto iban a cobrar una vez llegada su jubilación y cuánto necesitarían ahorrar para mantener su actual nivel de vida. España no sería el primer país que toma esta iniciativa. El ejemplo clásico para este tema es Suecia, que manda cada año un sobre naranja que incluye esta información (algo muy necesario en un país con cuentas nocionales).
La famosa carta a los pensionistas ni está ni se la espera. Como explicaba El País a finales del pasado año, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social incluso llegó a convocar un concurso para la impresión de las misivas y el reparto. Dos empresas ganaron el derecho a realizar el trabajo. Pero luego, poco antes de ponerse en marcha la iniciativa… se vino abajo. ¿Por qué? No hay una respuesta oficial.
Desde el Ministerio de Empleo se recuerda que a cambio de la carta ahora hay una web, a la que se puede acceder a través del portal Tu Seguridad Social, que te informa con todo tipo de detalles de cuál será la pensión que te corresponderá en función de tus circunstancias particulares. Hay que darse de alta (un proceso que no es tan sencillo) y dar un montón de datos, pero es cierto que la calculadora funciona. Se gana precisión a costa de información: el número de personas que entran cada año en esta web es mucho menor que el que habría recibido la famosa carta. En Empleo aseguran que el envío de las cartas no es tan sencillo, si se quería ser al 100% preciso y que se corría el riesgo de generar expectativas infladas o dar datos falsos.
Además, viendo los programas electorales de los partidos, no parece muy probable que esto se ponga en marcha. Sólo Ciudadanos lo lleva entre sus propuestas. PP, PSOE o Podemos no parecen interesados en que los pensionistas sepan (o al menos tengan una idea aproximada) de cuánto les tocará. Es verdad que una carta puede ser menos precisa que una web en la que cada uno meta sus datos y que incluso pueda modificar según transcurra su vida laboral. Pero no lo es menos que recibir en casa un pequeño cuadro resumen tiene muchas otras ventajas: para empezar, que llega a mucha más gente y hace el problema mucho más visible.
También es verdad que con las cifras de la Seguridad Social encima de la mesa, no es extraño que los partidos no quieran ponerle muy fácil a los trabajadores el acceso a la información. La semana pasada, hablábamos de la que los expertos llaman "reforma silenciosa" de las pensiones, esa transformación del modelo, de contributivo a asistencial, que irá limando las pensiones máximas y acercándolas a las mínimas a base de subir las bases de cotización por encima de las prestaciones. Si se mantienen la tendencia actual, el recorte sobre las pensiones previstas podría rondar el 30%: no hablamos de un reducción de las pensiones en términos absolutos, sino del monto de la pensión media respecto a la que habría de no aplicarse esta reforma silenciosa. Viéndolo de una manera más sencilla, podríamos decir que se aproxima a la reducción de la pensión media respecto al salario medio de la economía. No es extraño que el Gobierno no quiera que esto se sepa.
En realidad, con este tema de la información a los trabajadores el Gobierno lo tenía relativamente sencillo. Porque en la misma época en la que prometió la carta, puso encima de la mesa otra propuesta: incluir en las nóminas de todos la cotización social del empleador. Es decir, cuánto estaban cotizando a la Seguridad Social en total y a cuánto ascendía el coste de ese pacto intergeneracional que tanto gusta a nuestros políticos.
El Reglamento se aprobó en 2015 y en muchas empresas las nóminas ya incluyen esta información. Normalmente no se suma esta cantidad a la del sueldo bruto (que sería lo lógico, para que el trabajador supiera de un vistazo cuál es su coste laboral total) pero sí es un paso en el camino de la transparencia. ¿Qué pasaría si todos supiéramos cuántos impuestos pagamos de verdad y qué servicios recibimos a cambio? Pues eso, quizás por ahí empecemos a intuir qué razones hay detrás del olvido de la famosa carta.