Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda son las tres economías más capitalistas del mundo, según el ranking que acaba de publicar el Instituto Fraser de Canadá. España se queda en el número 49 de la tabla, lejos de otros países desarrollados como Suiza (4), Canadá (5), Reino Unido (10), Australia (10), Estados Unidos (16), Estonia (19), Finlandia (20), Dinamarca (21), Luxemburgo (23), Países Bajos (25), Letonia (27), Austria (28) o Alemania (30).
Aunque el índice se publica en 2016, los datos corresponden al año 2014. Esto es así porque el Instituto Fraser necesita que transcurra este periodo para disponer de todas las mediciones requeridas. En cada edición, el informe mide cuarenta y dos métricas que se reparten en cinco pilares: tamaño del Estado (gasto, impuestos y sector público empresarial), imperio de la ley (sistema judicial y seguridad de los derechos de propiedad), estabilidad monetaria, apertura comercial y entorno regulatorio (financiera, laboral y empresarial).
Si echamos la vista atrás, podemos ver que España alcanzaba el puesto 23 en 2005, mientras que ahora estamos a punto de quedarnos fuera del top 50. La calificación recibida por nuestro país es de 7,38 puntos sobre 10. Por comparación, Hong Kong supera los 9 puntos, Singapur alcanza 8,71 y Nueva Zelanda se anota 8,35, justo por encima de los 8,25 de Suiza.
De los 159 países evaluados, ninguno obtiene una nota tan baja como Venezuela, que ocupa la última posición con 3,29 puntos. Argentina está en el número 156 del ranking, con 4,81 puntos. También Ecuador aparece en la zona más baja de la tabla, con 5,76 puntos que se traducen en el escalón 142 de la clasificación.
La nota, categoría por categoría
Entre los años 2013 y 2014, España ha mejorado su nota sensiblemente, pasando de 7,27 a 7,38 puntos. Sin embargo, los mejores resultados que han cosechado otros países que se mueven en niveles similares suponen que España ha pasado del puesto 48 al 49. Sería de esperar que la puntuación mejore en 2015 y 2016, principalmente por la mejora del marco fiscal y laboral, pero habrá que esperar a los próximos informes para saberlo.
La nota de España en la categoría dedicada al tamaño del Estado es de apenas 5,71 puntos, muy por debajo del 7,38 que obtenemos en la calificación final. Esto supone que el gasto, los impuestos y el sector público empresarial son demasiado elevados en nuestro país. Algo mejor es el resultado que recibimos en el pilar dedicado al imperio de la ley, donde nos penaliza la falta de independencia judicial(recibimos una nota ligeramente superior a 4 puntos), la floja protección de los derechos de propiedad (poco más de 5,5 puntos) o el bajo nivel de efectividad de nuestra justicia a la hora de hacer cumplir los contratos (una vez más, apenas rebasamos la barrera del 5,5).
En lo tocante a la estabilidad monetaria, España se beneficia de la entrada en el euro y, frente a los 6,36 puntos que nos anotábamos en los años 90, hoy nos movemos en un 9,84 que nos coloca en un selecto club de países. También sale bien parada la categoría que mide la apertura comercial, con una nota de 7,97 puntos.
Los suspensos vuelven a aparecer en el plano regulatorio. Es cierto que la nota global no es desastrosa (6,83) pero sí supone una caída frente al 7,3 con el que concluyó la era Aznar. Sin embargo, las reglas de contratación y de salario mínimo, el peso de los sindicatos en las negociaciones y, sobre todo, los requisitos burocráticos que enfrentan los negocios empujan a la baja la nota obtenida en este campo. En todos estos ámbitos, España se mueve alrededor de los 3 puntos sobre 10.