Cuatro correos electrónicos de la inspección del Banco de España, enviados en la primavera de 2011, han sacudido la causa que investiga el proceso y han puesto el foco en Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el entonces gobernador del organismo.
Los cuatro correos incorporados ahora a la causa fueron remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus a su superior dos meses antes de que se produjera la salida a bolsa de Bankia. En ellos, Casaus cuestionaba la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad" y advertía sobre las consecuencias.
Los cuatro correos fueron enviados a Pedro Comín, director general adjunto de supervisión del Banco de España, en las que se refiere a la "débil capacidad" de crear recursos del Grupo Bankia y advierte claramente de que la operación bursátil sin llevar a cabo las reformas pertinentes no funcionaría y crearía "quebranto" al contribuyente.
Las notificaciones, correspondientes al 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo y que habían permanecido ocultas hasta el momento, se adhieren a la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Fernando Andreu, a petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación en la causa que instruye la Audiencia desde 2012.
Auguró el rescate de la entidad
"Solo es una bombona de oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado nacionalizando BFA supondrá un quebranto para los contribuyentes", explica en uno de los correos.
El inspector plasma sus conclusiones en un informe de seis páginas en el que también hace referencia al perfil "marcadamente político" del Gobierno interino del Grupo BFA-Bankia, que considera "claramente mejorable" y que integran gestores "desacreditados ante el mercado". En concreto cuestiona la "honradez" de estos últimos por adjudicarse un bonus en 2009 "superior al que le correspondía" por corregir el ejercicio.
Tras el diagnóstico, en el que advierte de que la liquidez es la "principal amenaza" y que la solvencia es "insuficiente con la nueva normativa" (Basilea III), Casaus apunta que el "tratamiento para el enfermo" pasa por un cambio de control que integrara a la entidad nacionalizada en un grupo "con suficiente fortaleza financiera", siempre haciendo hincapié en que la solución tenía que ser "exógena" y "estructural".
Estos correos vienen a corroborar lo expuesto por Casaus en su declaración en calidad de testigo ante el magistrado Andreu el pasado 5 de septiembre en la que incidió que no era aconsejable la entrada de Bankia en el mercado bursátil. Pese a ello, el debut de la misma se produjo en julio de 2011 y un año después se inyectaron entre 22.000 y 25.000 millones de euros de dinero público para evita su quiebra.
Casaus, que en su escrito remitido al magistrado el pasado 11 de octubre aclara que se refiere en todo momento al Grupo BFA-Bankia, vaticinó que al final el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendría que convertir su deuda en acciones del BFA y responder frente a los tenedores de subordinadas y preferentistas.
El informe precisa además que la cuenta de resultados incluye 385 millones de euros de dotaciones por deterioro de activos financieros, pese a que alega que hay fondos genéricos y fondos específicos sin asignar por más de 3.000 millones de euros.
Por ello aconsejó la toma de control del grupo, un menor coste de financiación y recorte de sueldos de entre el 10 y el 15 por ciento, para hacer viable un grupo que no lo era, según dijo, por su "menguante margen de intereses y elevado coste de estructura". "Estoy siendo muy pesado con el tema pero creo que la trascendencia del asunto es tal que merece la pena pasar por pesado", sentenció el inspector en uno de los correos que vienen a poner en entredicho la versión de que la entidad era solvente en su debut bursátil.