Las pensiones han entrado de lleno en la agenda política. La noticia de la semana pasada sobre la situación de la famosa hucha de la Seguridad Social (que, de cumplirse las previsiones, se quedará sin fondos entre 2017 y 2018) ha vuelto a poner en primer plano la necesidad de acometer reformas en el sistema. No es un tema que guste especialmente a nuestros líderes, porque es muy sensible desde un punto de vista electoral. Pero tanto el Gobierno como la oposición parecen de acuerdo en que algo hay que hacer.
Así, la semana pasada Fátima Báñez anunciaba un nuevo cambio que el Gobierno pondrá ya encima de la mesa. Se trata de ampliar las posibilidades de los trabajadores que sigan en activo una vez superada la edad de jubilación: podrán compatibilizar su salario con el cobro del 100% de la prestación. Los socialistas, por su parte, incluyeron una significativa frase en el documento aprobado en el Comité Federal este domingo para abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy: "El nuevo Gobierno debe convocar el Pacto de Toledo para abordar el presente y futuro de las pensiones".
Todo apunta a que existe un cierto consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos en este tema. Al menos en el primer paso: convocar el Pacto de Toledo y estudiar a fondo las cuentas del sistema. De hecho, ya hay un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios para presentar en febrero-marzo del próximo año un informe con propuestas para la reforma de la Seguridad Social. Ahora la pregunta es qué podemos esperar contribuyentes y pensionistas.
Una certeza y tres peligros
Lo primero es lo que sabemos con certeza: el Gobierno intentará contar con el respaldo del Pacto de Toledo, para no asumir en solitario el coste de la medida. Eso sí, no lo tendrá sencillo. Las dos últimas reformas (una del PSOE en 2011 y otra del PP en 2013) contaron con la oposición del que era el principal partido de la oposición en ese momento. Ésta es una cuestión complicada, porque los incentivos de Gobierno y oposición apuntan en direcciones opuestas. Por ejemplo, en la reforma del próximo año, es casi seguro que Podemos se opondrá y esto dejaría en una situación complicada al PSOE, que no podría sumarse al acuerdo sin dejar su flanco izquierdo abierto a la crítica de que pacta con el PP para recortar las pensiones.
Porque la clave de este tema es que la reforma puede tener muchas caras, pero lo que es 100% seguro es que supondrá una reducción en las prestaciones de los futuros pensionistas. En principio, no afectará a los actuales jubilados pero, incluso así, no será sencillo aprobarla.
Sobre el contenido, no hay nada oficial. De hecho, en este tema los programas de los partidos son extrañamente sucintos, como si no quisieran dar munición al enemigo. La cuestión se solventa con alguna declaración genérica sobre "asegurar la sostenibilidad" y "buscar el consenso".
Pero sí hay tres peligros claros que los españoles tendrán que tener en cuenta. Porque el objetivo de cualquier reforma será que la parte más dañina para nuestros bolsillos o nuestras futuras pensiones pase desapercibida:
1. Más impuestos, con uno u otro nombre
La vía tributaria impositiva puede adoptar dos formatos. Así, el PSOE proponía en su programa electoral crear una tasa específica para pagar las pensiones. Lo llamaba "recargo de solidaridad" y aseguraba que sólo afectaría a los ricos, aunque se antoja muy complicado cuadrar las cuentas de la Seguridad Social con un impuesto de patrimonio o un extra en el IRPF para las cuentas muy altas (sea cual sea la forma que este tributo adopte). El déficit para este año podría estar cerca de los 18.000 millones y eso no se arregla con un impuesto al lujo o una subida de los marginales del IRPF.
El PP no parece dispuesto a crear un nuevo tributo (lo ocurrido en la penúltima legislatura en materia tributaria todavía les pesa). Pero hay otras alternativas. La semana pasada, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, proponía financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad, que este año ascenderán a unos 23.000 millones de euros.
Aunque parezca diferente a lo que pide el PSOE, en realidad hablamos de lo mismo. Da igual si se hace con una tasa que tenga un nombre especial o si simplemente se traspasan 23.000 millones de los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado. La conclusión es que los contribuyentes tendrán que pagar ese dinero (con un nuevo impuesto o con una subida de los ya existentes) o habrá que recortar otras partidas en una cantidad similar.
En este sentido, es muy importante destacar que el PP ya puso esta posibilidad encima de la mesa. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social abrió el debate el pasado verano sobre qué pensiones deben encuadrarse dentro del sistema contributivo y cuáles no. ¿Un nuevo impuesto de los llamados verdes? ¿Subidas en IRPF o IVA? ¿Recuperar Patrimonio en todo el Estado? ¿Una mezcla de todas las anteriores? Las opciones son múltiples, pero lo que está claro es que, cuando alguien hable de sacar determinadas prestaciones del sistema para asegurar que éste es más sostenible, en realidad está hablando de subir impuestos. Lo vistan como lo vistan.
2. Apretar al máximo en las cuotas
De nuevo, hablamos de una posibilidad con varias sub-alternativas. Los mensajes de los partidos son inequívocos en este sentido. De una manera u otra, piden cerrar los agujeros del sistema, hacer que todos los trabajadores coticen lo que les corresponde o igualar los esfuerzos. Y todos van en la misma dirección (recaudar el máximo con el mensaje menos impopular posible) aunque adquieran diferentes formas:
- Eliminar deducciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social: el principal problema para aprobar esta medida es que ha sido una de las políticas preferidas por el PP en el ámbito del empleo, aunque el PSOE la critica por su falta de efectividad en la creación de puestos de trabajo y su fuerte impacto recaudatorio. También es cierto que muchos expertos cuestionan si bonificar determinados tipos de contrato realmente crea empleo o sólo cambia la decisión del empresario, que contrata al trabajador que le otorga la bonificación en perjuicio de otro. Eso sí, sería poco costosa políticamente hablando. Estaba en el acuerdo PSOE-C’s.
- Cotizaciones de los autónomos: en esto existe unanimidad. De Podemos a PP, pasando por Ciudadanos a PSOE, todos piden "establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo" y lo venden como una medida que favorecerá a los autónomos que cobren por debajo del SMI. Eso es cierto, como lo es que perjudicará al 85-90% de los trabajadores por cuenta propia.
- Subir las bases máximas: se lleva haciendo años, aunque no siempre se cuenta con claridad, así que no extraña que se plantee a futuro. Este lunes, varios medios aseguraban que el PP se abría a negociar una subida del incremento de las bases máximas de cotización que no incluya un incremento en la misma medida de las pensiones máximas. Es lo que los expertos llaman "reforma silenciosa" o "reforma oculta" de las pensiones. Consiste en erosionar el sistema contributivo, haciéndolo más asistencial a base de subir las mínimas y congelar (o subir menos) las máximas. Hace unas semanas publicábamos que, de seguir esta tendencia, en 2050 las pensiones serían un 30% más bajas respecto a lo previsto si se aplicasen las reglas actualmente en vigor.
3. Reformas pasadas y futuras
En los últimos años, se han aprobado dos reformas del sistema de pensiones. La del PSOE, en 2011, suponía un endurecimiento de los requisitos necesarios para cobrar una prestación: edad de jubilación a los 67 años, incrementar el número de años cotizados que se requieren para cobrar el 100%, ampliar los años para el cálculo de la base…
La del PP, en 2013, implicaba la introducción de un doble mecanismo de corrección: el índice de revalorización anual (que afecta a las pensiones del presente, que ya no se actualizan según el IPC) y el factor de sostenibilidad (que afecta a los pensionistas del futuro, a los que recalcula el importe de su primera pensión en el momento de su jubilación). La suma de uno y otro mecanismo hacen sostenible el sistema, pero a costa de ir limando, poco a poco, las pensiones que cobraremos.
En realidad, estas dos reformas son una bendición para cualquier Gobierno futuro, al menos desde el punto de vista de la imagen pública. Sin hacer nada, simplemente dejando que las medidas incluidas en las mismas surtan efecto, ya tendrá una rebaja efectiva de las pensiones y el ahorro correspondiente para las cuentas de la Seguridad Social.
Si acaso, quizás el Pacto de Toledo podría plantearse acortar el calendario de aplicación. El factor de sostenibilidad entra en juego en 2019 (por cierto, ahora no estaría de más recordar que los expertos pidieron en 2013 que se aplicase cuanto antes), por lo que ya no se ganaría mucho adelantándolo a 2018. Pero la reforma del PSOE irá surtiendo efecto de forma paulatina hasta 2027 y sí hay más margen para acelerar el proceso.
En la misma dirección
Todo lo dicho apunta en la misma dirección. Los españoles tenemos ahora mismo uno de los sistemas de pensiones más generosos de la UE. La tasa de sustitución media (relación entre la pensión y el último salario) es superior al 80%. Eso no se va a poder mantener en el futuro. Es imposible, las matemáticas no salen y la demografía no cambiará. Los trabajadores de 2040 o han nacido ya o no llegarán a tiempo para pagar las pensiones de los jubilados de aquella década.
Por eso, lo primero es asumir que la tasa de sustitución comenzará a caer y se situará alrededor del 50% a partir de 2035-2040. E incluso con este recorte, el peso que soportarán los trabajadores será muy importante, porque el gasto público en pensiones respecto al PIB subirá con toda seguridad. Cómo se llegue a esta situación es otro tema: probablemente, todas las opciones planteadas en este artículo jueguen su papel: habrá más impuestos, se sacarán algunas partidas de la Seguridad Social, las cotizaciones se exprimirán al máximo y las reformas irán recortando poco a poco la tasa de sustitución.
Con suerte (si conseguimos pleno empleo e importantes aumentos de productividad) las pensiones no sufrirán una pérdida de poder adquisitivo. Pero en relación al nivel de vida del trabajador medio, sí habrá una merma muy importante. Como decimos, del 80% de tasa de sustitución pasaremos al 50-55% como mucho. Por eso, quizás lo más importante no es cómo nuestros políticos gestionen esta realidad, que es inevitable. Sino cómo informen a sus ciudadanos de la misma para que puedan tomar medidas lo antes posible y qué facilidades les ofrezcan para buscarse la vida (por ejemplo, favoreciendo el ahorro individual).
El problema fundamental es que en este punto no hay nada: ni se informa ni se ayuda; si acaso, es más bien al contrario. Por ejemplo, la promesa de mandar una carta a cada trabajador de más de 50 años para que supiera cuánto iba a cobrar de pensión se quedó en papel mojado. Así, en lo que tiene que ver con los gastos actuales, se buscan soluciones (sacar partidas de las cuentas de la Seguridad Social) que son como hacerse trampas al solitario. Para vender que el sistema es sostenible, se pasa la carga a la vía impositiva, como si no fueran los mismos (los trabajadores españoles) los que pagan una y otra. Y en lo que hace referencia a los gastos futuros, se confía en un doble efecto complicado de percibir por el ciudadano de a pie: la erosión de la contributividad del sistema por la subida de las bases máximas por encima de las prestaciones y el efecto del famoso factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. Eso sí, que sea poco visible a corto plazo no hace que su efecto a medio plazo sea menos peligroso: si acaso, al contrario, porque muchos trabajadores de 2016 pensarán que se podrán jubilar como sus padres, con pensiones públicas equivalentes al 80-85% de su sueldo. Pues bien, no podrán y si no hacen nada desde ya, porque nadie se lo dice, cuando quieran remediarlo quizás sea tarde.
Y todo esto sin entrar en la cuestión de los incentivos que se encontrarán los trabajadores españoles de 2025-2035-2045: con unos costes crecientes (ya sea vía cotizaciones o vía impuestos) y una expectativa de cobro cada vez menor. Economía sumergida, pérdida de competitividad de las empresas, fuga de profesionales de nivel medio-alto a otros países, más autoempleo para cotizar menos... Los políticos analizan sus medidas como si los que las sufren fueran un sujeto pasivo, que las acata sin cambiar nada. En esto, son ellos los primeros engañados.