Poco ha tardado Soraya Sáenz de Santamaría en dejar claro –por si alguien tuviera alguna duda– que su nombramiento al frente del ampliado Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales no está destinado, precisamente, a capitanear ni resistencia ni menos aun ofensiva alguna contra el secesionismo catalán.
Como si en España no hubiese gobernante autonómico alguno saltándose a la torera nuestro ordenamiento jurídico y financiando ilegales "estructuras de Estado", Sáenz de Santamaría, tras proclamar que "todo el mundo tiene sus razones", se comprometía a buscar un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica que "todo el mundo pueda explicar". Teniendo presente que las palabras de la vicepresidenta se producían horas después de que el nuevo portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunciara que Rajoy pretende entablar un diálogo con el golpista Puigdemont "sin apriorismos" ni "líneas rojas", parece obvio que lo que nuevamente pretende el felón que nos gobierna con este nuevo modelo de financiación autonómica es tratar de contentar, vana y contraproducentemente, a los que no se van a contentar. Y es que tú puedes vender a tus votantes y desvertebrar todavía más España, pero eso no garantiza que puedas comprar a los secesionistas catalanes.
A eso se ha dedicado, de hecho, Rajoy durante su primera legislatura, dedicando todos los años a la Administración regional en rebeldía la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica. Que esa financiación crediticia extraordinaria, sin la cual el proceso secesionista hubiera arrastrado a la autonomía catalana a la suspensión de pagos, pase ahora a formar parte de un "nuevo" y "estable" modelo de financiación autonómica no va a solventar sino a agudizar todavía más la crisis nacional que nos aqueja.
Es evidente que una de las razones de dicha crisis nacional está en nuestro demencial modelo de financiación autonómica, que, por un lado, hace de nuestras Administraciones regionales las mejor dotadas de toda la OCDE pero que, al mismo tiempo, exonera a los gobernantes autonómicos de toda corresponsabilidad fiscal. Sin embargo, es evidente, que la reforma planteada por el PP no trata de establecer que cada Administración territorial establezca para su sustento sus propios impuestos, sino que la Administración central siga repartiendo en función de la mayor o menor presión de los diferentes Gobiernos autonómicos, al tiempo que mutualiza la deuda que algunos de ellos puedan generar.
En tiempos en los que el think tank que preside Aznar tenía algo que ver con el partido que ahora dirige Rajoy, FAES hizo pública una propuesta de reforma del modelo autonómico que, sin ser la única guía de por dónde debería acometerse, al menos introducía algo más de eficiencia y racionalidad que la que cabe esperar del intento de congraciarse con unos secesionistas que aspiran a romper con España.
Cuando no se aspira a liderar en el ámbito de la opinión pública el discurso de por dónde debería transcurrir una determinada reforma, uno se arriesga a verse arrastrado del ronzal a la reforma que otros proponen. Que los separatistas no quieran reforma alguna que no sea la ruptura enquistará la situación pero no resolverá el problema. Lo malo es lo que aún pueda empeorar con el vano intento de tratar de contentarlos. Y eso es lo que me temo que se dispone a hacer quien, como Rajoy, sólo espera a verlas venir.