Henchido de indisimulado gozo, acaba de anunciar el ministro Méndez de Vigo que su primera medida tras la toma de posesión consistirá en bajarle "un tramito" al IVA mal llamado cultural. Dada la premura del Gobierno, por lo visto, el problema más urgente que había en España era ese de reducirles el tramito a los industriales del ramo del entretenimiento, el ocio y la diversión. Ramo que, por cierto, nada tiene que ver con la letra impresa. Pues sépase que los libros, que a diferencia de Torrente 4 parece que sí mantienen algún parentesco con la cultura desde hace unos cuantos siglos, se gravan en nuestro país con un IVA superreducido del 4%. Aunque, dada la prioridad perentoria que todos los grupos parlamentarios conceden a esa minoración, podría pensarse que el gasto familiar en espectáculos y entretenimiento constituye una partida fundamental y crítica en el consumo de la población española. Algo que justificaría ese afán ecuménico por aliviar el peso de la fiscalidad que soporta.
Pero, mira por dónde, el desembolso medio en esas lúdicas bagatelas resulta que apenas constituye el 0,29% del consumo familiar. Porcentaje que invita a sospechar sobre la genuina preocupación que mueve al Gobierno y a sus apéndices parlamentarios con lo del tramito. Sin ir más lejos, las funerarias, un gremio que no tiene tanto glamour para los políticos bisoños ni tampoco para los de siempre, igual vieron subir su IVA del 8 al 21% en 2012. Y por las funerarias, a diferencia de lo que ocurre con las gradas del Liceo o el palco del Teatro Real, acaba pasando todo el mundo, por lo menos una vez. Circunstancia que, sin embargo, no parece conmover mayormente a los conjurados del tramito. Los impuestos indirectos, es sabido, resultan regresivos por partida doble. En primera instancia, porque tratan igual a los desiguales. Y en segunda, porque priman por norma a las rentas altas (que son las que pueden ahorrar) frente a las bajas (que son las que se ven forzadas a destinar el grueso de sus ingresos al consumo).
Así las cosas, subir la fiscalidad de los espectáculos y el entretenimiento supuso una medida progresiva y, dada la situación crítica del país en 2012, merecedora de aplauso. Y ello por una razón simple: porque se hizo repercutir el incremento de la recaudación de forma preferente sobre las rentas altas, las que con mayor intensidad consumen ese tipo de servicios. Medida ante la que un socialdemócrata convencido o un regeneracionista más o menos ecléctico no puede más que asentir. Por algo en la mítica Dinamarca ese mismo tributo es del 25%, y sin que nadie se rasgue las vestiduras. Ahora mismo, ya, la Hacienda Pública tiene que proceder a un ajuste inmediato de 5.000 millones de euros por imperativa exigencia de Bruselas. Y lo primero que se le ha ocurrido al Gobierno –y a la oposición– es regalarles el tramito a los del muy ruidoso y bullanguero lobby de la farándula. Una dádiva que, dependiendo del alcance final del tramito, podría suponer una pérdida de 200 millones de euros anuales para el Estado. Millones que, nadie lo dude, tendrán que salir de otros bolsillos menos fashion para que las cuentas cuadren al final. Empezamos bien.