Sí al 0,6%, pero sin unanimidad. El Gobierno no ha conseguido que todas las comunidades autónomas apoyen el objetivo de déficit para el año que viene. Valencia y Baleares, dos comunidades con un presidente autonómico del PSOE apoyado por nacionalistas y las marcas de Podemos, han dado un portazo en la cara al ministro Montoro… y a la gestora de su propio partido, que había pactado con el Gobierno esa cifra a cambio de una subida del salario mínimo para 2017 del 8%, nada más y nada menos que la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos 30 años.
Los dos asuntos no tienen nada que ver. Uno es competencia de Empleo y otro de Hacienda y el nuevo Ministerio de Administraciones Territoriales. Pero la política tiene estas cosas y el PSOE ha decidido unir uno y otra en sus negociaciones con el Gobierno, que necesita a otros partidos para sacar los presupuestos adelante.
En el marco de las relaciones Gobierno-CCAA, todo esto es importante porque apunta a un nuevo escenario político. Este jueves, por ejemplo, tenía lugar en Madrid el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la Legislatura, presidido por Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, que se estrena en este foro como nueva ministra de Administraciones Territoriales. Éste es un órgano al que desde Hacienda siempre se le ha dado mucha importancia, aunque en términos prácticos ha servido de más bien poco, entre otras cosas porque el ministro tiene la mitad de los votos, con lo que no puede aprobarse nada sin su consentimiento (y al revés, cualquier propuesta de Hacienda sólo necesita el apoyo de una región para salir adelante).
Quizás por eso, en la última legislatura se convirtió en un altavoz de reivindicación política de las autonomías, que protestaban pero no influían demasiado en los acuerdos del CPFF. La escena se repetía en cada reunión: las regiones del PP (más o menos, porque también había aquí tiranteces con Cristóbal Montoro) votaban a favor de lo que proponía el Gobierno y hacían declaraciones conciliatorias. Mientras, las regiones del PSOE y las nacionalistas votaban (casi) siempre en contra fuera cual fuera la cifra de déficit y abandonaban el edificio de la Plaza de Cuzco clamando contra la intransigencia del Gobierno. Luego, el grado de cumplimiento del déficit tampoco tenía demasiada relación con el enfado o las sonrisas mostradas por el consejero de turno. En realidad, todo aquello parecía más bien un teatro con más fondo político que económico.
Pero este jueves, parece que las cosas han empezado a cambiar. No tanto porque las reglas del CPFF lo hayan hecho (Montoro mantiene el 50% de los votos) como porque la aritmética política ya no deja lugar al ordeno y mando. El PSOE ha forzado la mano del Gobierno en el tema del salario mínimo y a cambio ha garantizado cierta paz en lo que hace referencia a las autonomías y a las exigencias de déficit de Hacienda. El CPFF ha fijado en el 0,6% el objetivo de déficit para 2017 para las CCAA. No es el 0,5% que quería el ministro, pero tampoco el 0,7% que buscaban los socialistas.
Eso sí, si en el pasado, con Hacienda enfrentado a las regiones y amenazando con la intervención, el grado de cumplimiento del déficit fue, siendo generosos, tirando a bajo. ¿Se puede esperar mucho para el próximo año, cuando las advertencias y amenazas de Moncloa estén suavizadas por su debilidad parlamentaria? También es verdad que nadie sabe qué va a pasar con el PSOE o Podemos, que tienen decisivos congresos a comienzos de 2017.
El SMI y el 0,6%
Aunque no tenga nada que ver con el CPFF, lo cierto es que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha colado en la reunión de los consejeros y el ministro. Si todo sale tal y como está previsto, en los próximos PGE se aprobará una subida del 8%, que elevará los actuales 655,20 euros mensuales hasta los 707,6 euros.
A cambio, Hacienda cede y les da un margen del 0,6% del PIB para el déficit del próximo año, prácticamente el mismo nivel que el 0,7% que tienen como límite para 2016 y que el CPFF también ha dado por bueno este jueves. De esta forma, para el trienio 2017-2019, los objetivos de déficit serán del -0,6% del PIB en 2017, -0,3% para 2018 y 0,0% para 2019. Por su parte, los objetivos de deuda pública para el conjunto de las CCAA serán del 24,4% del PIB para este año, 24,1% para 2017, 23,6% para 2018 y 22,7% para 2019.
Los consejeros, remolones siempre a la hora de los elogios al Gobierno y con la eterna queja sobre lo exigentes de los límites de déficit, han saludado con evidente satisfacción la nueva cifra. Varios han elogiado la "flexibilidad" de Hacienda en este tema. Parece que, salvo algunas excepciones, ha llegado un cierto deshielo al CPFF. De esta manera, el PSOE consigue en parte su objetivo de que las regiones se beneficien del margen de dos décimas extra que Bruselas le ha dado a España para el año que viene y se apunta el tanto de una subida histórica en el SMI, una medida que genera controversia entre los expertos sobre sus consecuencias pero que es una reivindicación clásica entre el electorado de izquierdas que los socialistas disputan a Podemos.
También se ha hablado en el CPFF sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, según informa EFE. En este sentido Sáenz de Santamaría ha emplazado a los consejeros a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo mes de enero, aunque por ahora sin fecha precisa. Algunas comunidades, especialmente las gobernadas por el PSOE, han insistido en que se acometa esta tarea con "urgencia" para asegurar una adecuada financiación y prestación de los servicios públicos esenciales, que es algo que requiere una reforma "profunda" y no sólo medidas específicas, como la subida del techo de déficit de 2017 al 0,6 %.
Los ‘culpables’
Ninguna administración pública ha salido indemne de estos años de restricciones presupuestarias. Pero las comunidades autónomas sienten que siempre pierden ellos. En primer lugar, porque les ha tocado la parte del león del ajuste. Desde hace años, los consejeros de Hacienda salen de cada CPFF con el mismo mensaje: el Gobierno central no se ajusta el cinturón lo que debe y obliga a las regiones a un esfuerzo extra.
Por un lado, sienten que ellos han hecho un esfuerzo superior y en servicios públicos esenciales (sanidad y educación), de los que más titulares se llevan y más castigan al Gobierno que tiene que aplicar esos recortes. Y además, creen que éste ni siquiera se ha visto compensado en términos de imagen. Porque para buena parte de la opinión pública, el principal problema en términos de gasto de las administraciones reside en las regiones, en sus empresas, en los chiringuitos autonómicos o en las televisiones públicas.
Y no es que no sea verdad que las CCAA han incumplido con sus objetivos de déficit una y otra vez desde que comenzó la crisis. No todas, eso es cierto, pero hay un puñado de regiones que no han logrado mantener los números rojos por debajo de lo pactado con Hacienda ni unas sola vez. Pero también es verdad que al final, en un sistema de financiación autonómica como el que existe en España, las cartas las tiene en su mano el Gobierno central, que fija los objetivos de déficit, que determina en cada ejercicio el nivel de transferencias y que establece la legislación marco a la que deben ceñirse las autonomías.
De hecho, alrededor de esta cuestión girará buena parte de la negociación sobre la nueva financiación autonómica: las regiones pedirán más margen para fijar sus propios tributos y los servicios que tienen que prestar. Montoro querrá mantener el control sobre los objetivos de déficit (que el Gobierno tiene que pactar con Bruselas, no lo olvidemos) y la preeminencia del CPFF en las relaciones Estado-CCAA, un organismo en el que Hacienda tiene la mitad de los votos (vamos, un derecho de veto sobre cualquier decisión).
Por ahora, lo que queda es la sensación de que volvemos a estar delante de una negociación política en la que el objetivo de déficit y su cumplimiento es lo de menos. En 2015, el conjunto de las comunidades autónomas tuvo un déficit del 1,66% del PIB, un punto por encima de su objetivo del 0,7% del PIB. Pero eso es la media, Canarias tuvo un déficit del 0,54%, Galicia del 0,59% y el País Vasco del 0,69%, en los tres casos por debajo del límite. Enfrente, Valencia llegaba al 2,51%, Extremadura 2,64% y Cataluña al 2,7%, casi cuatro veces más de lo permitido.
Y la pregunta que cualquiera se hace es para qué sirve todo este paripé del CPFF si luego las consecuencias para los que cumplen y los que no son las mismas. No sólo eso, si uno puede terminar en el 0,54% de déficit y otro puede cerrar con -2,7%, por qué discuten tanto Montoro y los consejeros de las autonomías, para qué sirve la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cuál es la razón de las acusaciones cruzadas que unos y otros se hacen. No hay respuesta a estas preguntas.
En cualquier caso, este comienzo de legislatura ha sido más tranquilo que el final de la anterior. Será por las circunstancias políticas que rodean a PP y PSOE (que, no lo olvidemos, siguen siendo la fuerza mayoritaria en la mayoría de los gobiernos regionales) pero este jueves se ha notado un claro cambio de tono.