El Gobierno baraja incluir el destope de las cotizaciones sociales en el decreto que aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes y que incluirá varias subidas fiscales para lograr reducir el déficit al 3,1% en 2017, tal y como exige la autoridad comunitaria.
El Ejecutivo ha estado negociando con los grupos parlamentarios y sobre todo con el PSOE y Ciudadanos tanto la distribución del objetivo de déficit con las CCAA como el techo de gasto y las medidas que debe enviar a Bruselas para cumplir con la senda de déficit.
Entre otras medidas, PP y PSOE coinciden en la necesidad de suprimir deducciones en el impuesto de Sociedades y el Ejecutivo también está de acuerdo en la petición socialista de destopar las cotizaciones sociales. Por ello, si finalmente hay acuerdo en el conjunto del paquete, el Gobierno podría incluir esta medida en el decreto, informa Europa Press. Aunque en las negociaciones no se han establecido cuantías ni plazos, sí se ha constatado que debe ser el Pacto de Toledo y los agentes sociales quienes negocien este asunto durante el primer trimestre de 2017.
Sin embargo, la petición socialista es que el Gobierno recoja ya el principio, es decir, la idea de destopar las cotizaciones sociales. De hecho, no sólo se negocia elevar las cotizaciones a las rentas altas, sino también a los autónomos. En la actualidad, la base máxima de cotización se sitúa en 3.642 euros brutos al mes –por encima de esa cantidad no se aplica el impuesto al trabajo–. El objetivo planteado a medio plazo es ir acercando la cotización al salario real de los trabajadores.
El Gobierno podría aumentar la base máxima de cotización más del 5% aplicado en 2013 y 2014, y afectaría a algo menos del 10% de los afiliados a la Seguridad Social, rondando los 1,6 millones de trabajadores, informa Cinco Días. Por otro lado, aunque, en teoría, este incremento debería traducirse en una subida de la pensión máxima (situada en 2.567 euros brutos), el Gobierno prevé que esta cuestión se decida en el marco del Pacto de Toledo. Así pues, los trabajadores mejor pagados cotizarían más para recibir idéntica pensión. Además, el grueso del coste recaerá en las empresas, que son las encargadas de abonar el 30% del salario bruto del trabajador al pago de cotizaciones sociales.
Una medida confiscatoria
Ante esta posibilidad, el director de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales (AFI), José Antonio Herce, ha considerado que eliminar el tope máximo de cotización sin hacer lo mismo con la pensión máxima"sería sencillamente confiscatorio".
Esta medida puede ser "injusta" si se pone en marcha sin eliminar a su vez ese límite de la pensión, ha asegurado Herce durante su intervención ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el jueves, en la que ha reivindicado la necesidad de impulsar el "desarrollo masivo de las pensiones ocupacionales para trabajadores y autónomos".
Ha indicado que todos los productos que generan rentas de jubilación deben tener el mismo tratamiento fiscal, ya sean planes de pensiones de empresa o individuales, ya que las cotizaciones están exentas de impuesto de sociedades y del IRPF, porque las pensiones que esas cotizaciones causan sí están sujetas a impuestos. Los impuestos a cotizaciones y a pensiones serían "una aberración desde el punto de vista de teoría fiscal".
Tampoco se ha mostrado a favor de financiar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) vía impuestos, porque sería "sacar el bollo de un horno y meterlo en otro", ya que podría suponer recortes en otras partidas como educación, sanidad o desempleo. Además, Herce se ha sorprendido de que se las denomine pensiones no contributivas, porque "nunca lo han sido, se han financiado con cotizaciones por contingencias comunes. Otra cosa es que los solteros tengan que cotizar para pagar pensiones de algo que jamás podrán percibir".
A corto plazo y para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones, Herce ha recomendado obtener recursos extraordinarios, solicitando créditos presupuestarios o tocando "algunas figuras impositivas transitoriamente". Ha defendido la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque "la Seguridad Social pagará las pensiones siempre", pero no su suficiencia, ya que su cuantía "no será la que ahora tenemos en mente".
En este sentido, la apuntado que, según la fórmula del índice de revalorización de las pensiones (IRP) y con una inflación del 2 %, los pensionistas perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año, y ha calculado que un jubilado con una pensión de 2.500 euros perderá hasta un 45% de su poder adquisitivo durante los 22 años de vida que le quede.
Ha defendido las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, a las que ha calificado de "valientes" y de haber hecho sostenible al sistema", al tiempo que ha abogado por impulsar las medidas que promueven el envejecimiento activo, del que se ha mostrado orgulloso de utilizar. En este sentido, ha calculado que una persona que compatibilice su trabajo con el cobro del 50% de su pensión, en unos 4 o 5 años habría aportado al sistema unos 100.000 euros, algo que desaparecería en el caso de ampliar el porcentaje al 100%.
Ha instado a alargar la edad de jubilación y vincularla a la esperanza de vida, instrumentar "ahorro provisional a largo plazo" o impulsar otras formas de ahorro, como los activos inmobiliarios, todo con el fin de generar "flujos de segundas rentas equivalentes a la pensión publica". "¿Cómo vamos a complementar la pensión pública? Trabajando hasta que nos muramos o con una segunda renta de jubilación, ya sea pública, personal o privada, pero en forma de renta, no de capitalización", ha dicho Herce, quien se ha mostrado partidario de los sistemas mixtos.
También de forma urgente, Herce reclama la introducción de "cuentas individuales nocionales de contribución definida", lo que se materializaba en el "famoso sobre naranja" que el Ministerio de Empleo se comprometió a enviar a los futuros pensionistas informándoles de la pensión que estaban generando.