En un análisis de la Conciliación de saldos pendientes de cobro de ocho agencias públicas seleccionadas, que se integran en la llamada administración paralela de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha encontrado un serio desequilibrio en la situación financiera de varias de ellas - Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA, conocida por su implicación en los ERE y otros casos), Agencia de Obra Pública, la Agencia de Servicios Sociales o la Agencia de Medio Ambiente (Amaya) -, que pueden desencadenar insolvencia a corto plazo y no poder seguir operando.
La Cámara se refiere nada menos que a un agujero de 779 millones de euros. El informe indica textualmente que de los trabajos realizados se han evaluado importes de saldos no confirmados "de relevancia" que, a juicio del ente fiscalizador, "deberían ser oportunamente depurados, de acuerdo con la normativa contable aplicable" y que suman en las seis agencias analizadas los 779 millones de euros de saldos no confirmados.
Dicho en Román paladino, el meollo del asunto es que la Junta no paga a sus propias Agencias. Los 779 millones de euros destapados por la Cámara de Cuentas es la deuda no reconocida de la Junta por servicios que ejecutan las Agencias pero que corresponden a las Consejerías y su administración oficial, que no los prestan. En otros casos, es que la Junta no aporta recursos.
Si se tiene en cuenta la deuda reconocida a esta nueva descubierta, la deuda de la Junta con sus propias agencias ascendía a 1.500 millones de euros en 2014.
De estos 779 millones de euros conocidos ahora, 351 millones corresponden a AVRA, 278,8 millones a la Agencia de Obra Pública, 61 millones en la Agencia de Servicios Sociales, 44 millones en la Amaya, 42 millones en la Agencia IDEA y 514.812 euros a la Agencia del Conocimiento.
El Mundo llama "números rojos" al nuevo agujero encontrado. El grupo Joly alude al "grave estado financiero" de las agencias públicas. ABC destaca la "grave situación financiera" de esas agencias.
En su comunicado, la Junta ha aludido a "discrepancias contables" en la conciliación de saldos pendientes de cobro expresada en el informe de la Cámara de Cuentas porque los 779 millones "han sido declarados en tiempo y forma al déficit y son transparentes a efectos de contabilidad nacional, tanto para el Reino de España como para la Unión Europea".
El total de las agencias investigadas es:
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AAC |
Ag. Andaluza del Conocimiento |
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AEE |
Ag. Andaluza de la Energía |
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AMAYA |
Ag. de Medio Ambiente y Agua de Andalucía |
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AOP |
Ag. de Obra Pública de la Junta de Andalucía |
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APPA |
Ag. Pública de Puertos de Andalucía |
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ASSDA |
Ag. de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía |
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AVRA |
Ag. de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía |
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IDEA |
Ag. de Innovación y Desarrollo de Andalucía |
Los datos se refieren a 2014 y no especifica el informe si la Junta ha resuelto los problemas desde entonces. Las cuentas anuales de la Junta de Andalucía del ejercicio finalizado no contemplan el efecto de los ajustes potenciales por importe de 779 millones, unos ajustes que tendrían un efecto significativo sobre las cuentas rendidas.
De hecho, de aplicarse los ajustes que son menester cuatro agencias quedarían en números rojos como se aprecia en el siguiente cuadro aportado por la propia Cámara de Cuentas:
Curiosamente, la Cámara de Cuentas hace referencia a los informes de auditoría "evacuados por profesionales independientes y afirma que "no están considerando, a efectos de expresar su opinión sobre las cuentas anuales, los preceptos que afectan a los derechos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía, contemplados en el Plan General de Contabilidad aplicable a las agencias públicas empresariales y la instrucción de la Intervención General", por lo que se insta a la Intervención General de la Junta a "reforzar el control sobre el cumplimiento de las normas contables que afectan al reconocimiento de estos derechos".
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado equilibrar la situación financiera de varias agencias públicas empresariales, como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Servicios Sociales o la Agencia de Medio Ambiente (Amaya) "a fin de evitar eventuales problemas de solvencia de las mismas a corto plazo que impidan la continuación de sus operaciones".