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La consolidación fiscal del PP: ni austeridad ni bajada de impuestos

La reducción del déficit prevista para 2017 descansará en un 90% sobre la subida de impuestos y solo en un 10% sobre la contención del gasto.

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Al finalizar el año 2011, el presidente Rodríguez Zapatero le había dejado como herencia a su sucesor un déficit equivalente al 9,61 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas. Cuatro años después, en 2015, cuando se cerró su primera legislatura en el gobierno, el presidente Rajoy había rebajado ese negativo saldo hasta el 5,13 por ciento del PIB.

Se había producido, por tanto, un proceso de reducción del déficit -al que los economistas, en nuestra jerga, denominamos como consolidación fiscal- igual a 4,49 puntos del PIB; o sea, unos 44.300 millones de euros. Un año más de provisionalidad, 2016, que aún no se ha cerrado, parece que va a añadir otras cinco décimas de PIB a la cuenta del PP; pero aún no se dispone de los datos pertinentes y, por ello, para valorar su política en esta materia hemos de ceñirnos a las cifras ciertas que se recogen en el cuadro siguiente:

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En el mundo de ficción de los políticos, los hechos importan poco y las palabras de incierto significado lo invaden todo. "Vamos a bajar los impuestos", dicen en este caso los del PP aludiendo, además, a que tal es el ADN de su partido; y su proclama se extiende como un reguero de aceite hasta impregnar todo su discurso, incluso cuando éste contraviene la realidad fiscal.

Ya se ve que a la derecha conservadora le gusta proclamarse liberal, aunque sólo se siente a gusto en el cómodo escenario en el que el Estado puede repartir y no restar viéndose sometido a curas de adelgazamiento. Pero nosotros, los ciudadanos corrientes, no estamos aquí para reproducir la jerga partidaria, sino para observar si se acomoda a los tozudos hechos que reflejan los datos contables. Tales hechos son fáciles de resumir en dos puntos:

- El primero señala que la principal responsabilidad de la consolidación fiscal ha corrido a cargo del aumento de los ingresos en el conjunto de las Administraciones Públicas. A ello se debe casi el 55 por ciento de la reducción del déficit, quedando el otro 45 por ciento para la contracción del gasto público. Naturalmente, detrás de este resultado está una subida muy notable de la recaudación de impuestos, en especial, la de los indirectos, que se ha incrementado más del doble que la de los directos. Sin embargo, hay que decir también que las cotizaciones a la Seguridad Social, debido tanto al desempleo como a la devaluación salarial, no han hecho más que bajar.

- Y el segundo indica que tres cuartas partes de la consolidación han corrido a cargo de las Comunidades Autónomas. Las Corporaciones Locales han aportado otro cuarto y el Estado nada. Esto último debe matizarse, pues lo que ha ocurrido es que la contribución positiva de la Administración Central se ha visto algo más que compensada por el saldo negativo de la Seguridad Social.

Viendo el cuadro anterior se pueden añadir otras dos observaciones de interés. La primera indica que en la subida de impuestos han participado todas las administraciones menos la Seguridad Social. A la Central, la de Rajoy, le corresponde el papel estelar y a las Autonómicas y Locales, el de los actores secundarios. Y la segunda señala que la reducción del gasto público sólo se ha producido en las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, mientras que el Estado ha estado ausente de tal proceso. Más aún, la Administración Central aumentó su gasto en casi cuatro décimas del PIB, en tanto que la Seguridad Social dejó sus desembolsos prácticamente inalterados.

En resumen, durante su mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy predicó la austeridad y la bajada de impuestos, pero no dio trigo: ni la una existió en el aparato burocrático estatal, ni la otra se plasmó -más bien ocurrió lo contrario- en el Boletín Oficial del Estado. Mientras esto ocurría, las autonomías y los ayuntamientos protestaron contra los recortes, aunque los practicaron con entusiasmo. Además, las primeras reclamaron con éxito unas mayores transferencias del Estado; y los segundos se aprestaron a seguir aumentando los impuestos locales.

Pero todo esto es agua pasada. Ahora las cosas son distintas porque, aunque Rajoy sigue presidiendo el gobierno, el PP está en minoría. Y ha llegado la hora de la revancha bajo la forma de un mayor gasto público para los gobiernos regionales y cierta flexibilidad para los locales. Sin embargo, la consolidación fiscal va a continuar. ¿A alguien le sorprende que, con los antecedentes que acabo de exponer, ese proceso va a gravitar sobre las subidas de impuestos aún más que antes?

Las cuentas son bastante claras: Europa nos exige para 2017 una reducción del déficit de unos 15.000 millones de euros. La mitad de ellos -o sea, 7.500 millones- se va a obtener gracias al impulso que el crecimiento económico está dando a la recaudación fiscal; otros 5.200 millones corresponden a nuevas subidas de impuestos -sobre todo el de Sociedades, pero también los del alcohol, el tabaco, las bebidas carbonatadas y los medioambientales-; 400 millones más a la elevación de las bases de cotización a la Seguridad Social; y 500 millones adicionales a la mejora en la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal.

En total, 13.600 millones más en recaudación de impuestos, con lo que la reducción prevista del gasto público se queda en 1.400 millones. En apretada síntesis, por tanto, para el año que viene la consolidación se logrará en algo más de un 90 por ciento gracias al aumento de las cargas fiscales, y en algo menos del 10 por ciento en virtud de la austeridad en el gasto público. ¡Menos mal que la derecha nos iba a bajar los impuestos!, porque si hubiese pretendido aumentarlos no sé hasta dónde habríamos llegado.

Mikel Buesa es Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

En Libre Mercado

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