El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmó el lunes que las autopistas de peaje en situación de quiebra "revertirán al Estado". Recordó que estas autopistas están "en un proceso enormemente comprometido", algunas de ellas en concurso de acreedores e incluso "en fase de liquidación".
Según De la Serna, esta situación de quiebra se ha debido al "incremento enorme del valor de las expropiaciones" y "por un tráfico que se aleja mucho de lo esperado". La situación concursal que atraviesan estas autopistas está pendiente de la decisión de los jueces, que deberán determinar la liquidación de estas concesiones y el plazo para ello.
La nacionalización puede costar más de 5.000 millones de euros a las arcas públicas, pero dependerá del momento en el que se aplique ese rescate. Los bancos que prestaron los fondos a las concesionarias que construyeron las autopistas acumulan una deuda de 3.400 millones de euros. El plan inicial del Gobierno preveía una quita sobre los créditos del 50% y el pago del resto en un plazo de 30 años mediante titulización, pero los acreedores no lo aceptaron.
La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.
Las nueve autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).
La respuesta de Alberto Garzón
El anuncio de Fomento no tardó en recibir respuesta por parte de la oposición. El líder de IU y miembro de Unidos Podemos, Alberto Garzón, lanzó un tuit criticando el rescate y culpan de ello, curiosamente, al libre mercado.
El capitalismo realmente existente es de socializar pérdidas y privatizar beneficios. Una estafa: https://t.co/4OgrbyPqBd
— Alberto Garzón (@agarzon) December 12, 2016
Sin embargo, curiosamente, critica hoy lo que exigía ayer. No en vano, hace escasos meses, cuando Abengoa, empresa especializada en energía solar, entró en situación crítica, el propio Garzón pedía lo mismo: el rescate público de la compañía con la excusa de salvar empleos.
"Hay que nacionalizar Abengoa para salvar 4000 empleos y que sea punta de laza de las energías renovables" @ma_bustamante84 #GarzónEnSevilla
— Izquierda Unida (@iunida) December 16, 2015
Así pues, ¿cuándo está justificado el rescate de una empresa con dinero del contribuyente? ¿Acaso depende de la empresa? ¿A veces sí y a veces no?... De hecho, la extrema izquierda cae en la misma contradicción cuando critica el rescate público de las cajas de ahorros, en cuyas cúpulas, por cierto, se sentaban también miembros de IU y de los sindicatos, y, al mismo tiempo, rechaza su privatización para recuperar el dinero inyectado por el Estado.
Es más, lo que defienden IU y Unidos Podemos es crear una nueva gran banca pública, de naturaleza muy similar a las antiguas cajas de ahorros, cuya actividad, en todo caso, estaría sufragada de forma permanente por el bolsillo de los contribuyentes, protagonizando así una socialización permanente de pérdidas.
Garzón, por tanto, no sólo se contradice en esta materia, sino que confunde los términos, Tal y como explica el economista Juan Ramón Rallo, "el rescate de las autopistas no tiene nada que ver con el libre mercado".
Un breve comentario sobre el antiliberalismo flagrante de rescatar a las autopistas: https://t.co/oMBYOJb0iU
— Juan Ramón Rallo (@juanrallo) December 12, 2016
El rescate público de las autopistas, "en realidad, si de algo es muestra es del corporativismo de amigotes que contamina, prácticamente, todos los grandes sectores económicos de nuestra economía. El rescate de las autopistas que, en realidad, es un rescate de los bancos que financiaron a las autopistas, no tiene nada que ver con el libre mercado, tiene todo que ver con el intervencionismo estatal y con la alianza del Estado con ciertos grandes negocios [...]
Las autopistas eran una concesión administrativa, lo que significa que la propiedad última de la autopista seguía siendo pública y que ésta iba a revertir al Estado al finalizar el plazo de la concesión. Ahora revierte al Estado antes de finalizar el plazo porque el Gobierno acepta hacerse cargo de esas autopistas por el hecho de estar quebradas y para, así, rescatar a quienes financiaron y contribuyeron a financiar ese proyecto, como son los bancos.
Pero aquí lo que vemos es la participación activa del Estado, socializando riesgos entre todos los contribuyentes para potenciar el lucro privado de las concesionarias de autopistas y de los bancos que financiaron esos proyectos con riesgos absolutamente amañados.
No tenemos, en este caso, libre mercado alguno. Si hubiera libre mercado, las empresas constructoras de autopistas serían propietarias de las autopistas y asumirían la totalidad de los riesgos derivados de invertir en esas autopistas. También harían lo propio los bancos que financiaron esos proyectos [...]