El establecimiento de objetivos homogéneos en este momento para todas las comunidades autónomas supone un riesgo de desviación para las más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto del subsector.
No habían pasado ni 24 horas desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijase los objetivos de déficit para las CCAA y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había iniciado una nueva polémica con Cristóbal Montoro. El organismo, que el Gobierno se vio obligado a crear a requerimientos de la UE, está siendo un dolor de cabeza constante para el ministro de Hacienda.
En esta ocasión, el choque ha llegado a cuenta de los objetivos de déficit de las regiones. El jueves, el CPFF aprobó la propuesta de Hacienda (como siempre, porque el Gobierno mantiene el control del órgano, en el que posee más de la mitad de los votos). Según esa propuesta, el año que viene ninguna comunidad podrá superar el 0,6% del PIB de déficit. Tanto las que este año estarán más o menos cerca de esa cifra como las que se quedarán muy lejos, todas tendrán el mismo límite.
Desde hace años, ésta ha sido la cuestión fundamental alrededor de la que ha girado la negociación entre el Gobierno, las comunidades autónomas cumplidoras y las incumplidoras. Por un lado, están las regiones con menos déficit, que exigen que el objetivo sea el mismo para todas, para no crear una discriminación que consideran injusta. Por otro, están los gobiernos autonómicos con un déficit más elevado, que siempre han pedido que el ritmo de reducción del déficit se acompase a la situación particular de cada uno.
No es un debate sencillo. Por un lado, es evidente que si acabas este año con un déficit del 0,7%, te resultará más sencillo llegar al 0,6% en 2017. Es más, incluso podría pensarse que hay regiones que podrían terminar en el 0,2-0,3%. ¿Por qué no exigir al que más puede que llegue a esa cifra? ¿Por qué quedarnos en el 0,6% cuando pueden ir más allá? Además, así se daría más margen para que otras se queden por encima del 0,6% del conjunto de las CCAA. También es cierto que abrir la mano y poner un objetivo de déficit superior para algunas autonomías puede ser un incentivo perverso a futuro. Si un gobierno regional ve que se da más margen a los incumplidores, puede pensar en ignorar su objetivo, con la idea de ser beneficiado a futuro.
En este sentido, el FMI también propuso hace unas semanas un esquema de objetivos diferenciados. Eso sí, unió este posible déficit a la carta a un control estricto de los resultados, incluso con premios y castigos en función del cumplimiento de cada autonomía, con "transferencias ligadas a resultados".
La Airef no llega hasta ese punto. Entre otras cosas porque el organismo no entra a determinar un esquema diferente al de Hacienda. Los autores del informe afirman que no es su función "presentar una propuesta alternativa" a la de Montoro, sino simplemente analizar si lo aprobado por el CPFF facilitará el cumplimiento del objetivo previsto o no.
En este sentido, las conclusiones más importantes del informe de la Autoridad Fiscal son las siguientes:
- Riesgo de incumplimiento: "La AIReF debe alertar de la existencia de riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales a lo largo del ciclo presupuestario, cuyo primer hito es la fijación de los objetivos de déficit y deuda".
- Sin cifras en los documentos de Hacienda: "La documentación recibida no incorpora una previsión de cierre de déficit público en 2016 que permita valorar la situación de partida para la fijación de los objetivos del período 2017-2019, ni tampoco una estimación de la evolución esperada de los ingresos en los próximos años".
- Hacienda y sus conclusiones no respaldadas: "Esta consideración [la afirmación de Hacienda de que todas las regiones podrán cumplir con el objetivo para 2017] no está respaldada metodológicamente por ninguna métrica y descansa en una simple comparación de las posiciones relativas respecto al año 2013".
- Déficit a la carta: "Desde la perspectiva de factibilidad, la AIReF considera que, en este momento, el establecimiento de objetivos homogéneos para todas las CCAA supone un riesgo de desviación para las CCAA más alejadas del objetivo y probablemente para el conjunto del subsector, lo que tiene un coste en términos de credibilidad".
- Críticas a la falta de tiempo: "El binomio equidad-factibilidad y el peso que se dé a cada uno de sus términos es una decisión que requiere de un debate previo que no es posible dado el plazo existente entre la celebración de la sesión preparatoria y el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se vota la propuesta del MINHAFP".
- Esfuezo pasado y futuro: "Cualquier evaluación de un reparto de objetivos de déficit hacia adelante debe incorporar aspectos de equidad, por lo que la AIReF ha hecho un ejercicio de análisis conjunto de factibilidad y equidad mediante una relación de sustitución intertemporal de esfuerzo pasado y futuro".
Como puede verse, es un rapapolvo en toda regla. Y no es el primero. Más allá de lo que cada uno opine sobre quien tiene razón en este caso, llama la atención la dureza de la crítica. También es cierto que para esto está un organismo como la Airef. Cuando se instituyó, muchos eran escépticos acerca de su capacidad para fiscalizar de verdad al Gobierno. En otros organismos las intenciones iniciales se han evaporado al poco tiempo y el Ejecutivo de turno ha pasado a controlar al supuesto ente independiente. Por ahora, bajo el mandato de José Luis Escrivá, la Airef mantiene el ritmo de publicaciones previsto y sus informes no son nada complacientes con el Gobierno.