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Cumbre de vampiros fiscales

No habrá alivio para el ciudadano, ni en su condición de usuario de servicios públicos ni –menos aún– en su condición de contribuyente.

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A pesar de que las españolas, tras las canadienses, son las Administraciones regionales que más ingresos fiscales gestionan de toda la OCDE –un 50% más, por ejemplo, que los länder alemanes–; y a pesar de que las CCAA han sido las principales responsables de que España haya incumplido todos los años sus compromisos de reducción del déficit, la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en Madrid ha puesto nuevamente en evidencia que lo que quieren los mandatarios regionales es gastar todavía más.

No vamos a insistir en la ilegitimidad de estas cumbres que tratan de desplazar al Parlamento en algo tan trascendental como el modelo de financiación autonómica; pero, si se celebran, al menos deberían servir para que el presidente del Gobierno inste de una vez a los presidentes autonómicos a cumplir la burlada Ley de Estabilidad Presupuestaria transmitiéndoles la advertencia de que deberán hacer un gran esfuerzo de reducción del gasto público, con independencia de cómo sea el nuevo modelo de financiación, del que todos pretenden sacar mayor tajada.

Sin embargo, Rajoy, lejos de achacar los desequilibrios al gasto excesivo, ha aludido a una insuficiente recaudación. El presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto que la recaudación sigue estando 20.000 millones de euros por debajo del año 2007 sin advertir que aquellos ingresos extraordinarios fueron fruto de una burbuja inmobiliaria que hace tiempo que estalló, a pesar de lo cual las burbujísticas Administraciones Públicas siguen gastando lo mismo o más que entonces. La negativa del sector estatal, y muy especialmente de las Administraciones autonómicas, a apretarse el cinturón tras el estallido de la crisis es lo que explica que la deuda pública se haya disparado como nunca antes. Y eso a pesar de que el Gobierno de Rajoy es el que más ha subido los impuestos en menos tiempo.

Sea como fuere, no hay mejor excusa para no afrontar las reformas estructurales que España necesita –empezando por el insostenible modelo autonómico– que considerar que los desequilibrios sólo obedecen a razones coyunturales y pasajeras. Al irresponsable mensaje de Rajoy se suman los de muchos barones regionales, como Susana Díaz, contrarios a que el escaso margen de autonomía recaudatoria que tienen las CCAA sea utilizado para bajar los impuestos, tal y como ha hecho Madrid.

Es cierto que, sin límites legales al endeudamiento autonómico, la rebaja o supresión de los impuestos cedidos a las autonomías puede en algunos casos generar una competencia desleal y muy disfuncional para el conjunto. Pero la solución no está en erradicar la autonomía fiscal y la posibilidad de que las Administraciones regionales compitan entre sí, sino en impedirles que puedan gastar a costa de futuras legislaturas o a costa de las demás CCAA. A este respecto, conviene recordar que si en Madrid el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100% y la exención en Sucesiones y Donaciones es del 99%, no por ello los contribuyentes de esta comunidad autónoma siguen aportando al conjunto más que los de ninguna otra.

Lo que sí constituye una disfuncional e injusta asimetría son los regímenes forales de País vasco y Navarra. A ello se suma una Administración autonómica en rebeldía como la catalana que, en concordancia con sus aspiraciones separatistas, pretende establecer una Hacienda y una Seguridad Social propias, por lo que sus gobernantes ni siquiera se molestan en acudir a una cumbre con el Gobierno de la Nación que no sea estrictamente bilateral y orientada al procès.

Si a todo lo anterior se suma el demencial sistema de descentralización administrativa que constituye el disfuncional Estado autonómico, no cabe sino temer que el nuevo modelo de financiación presente los mismos fallos estructurales que el aprobado en tiempos de Zapatero y no suponga alivio alguno para el ciudadano, ni en su condición de usuario de servicios públicos ni –menos aún– en su condición de contribuyente.

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