La formación ultraizquierdista liderada por Pablo Iglesias carece de cualquier escrúpulo a la hora de lanzar sus soflamas incendiarias. La denominada pobreza energética, es decir, la dificultad de numerosas familias españolas para pagar el recibo de la luz, es utilizada por Podemos con grandes dosis de demagogia para pedir, directamente, la nacionalización de las compañías eléctricas.
Según la formación antisistema, la solución a la carestía del recibo de la luz pasa por convertir al Estado en empresario del sector eléctrico, que pasaría así a funcionar en régimen de monopolio. Sin embargo, como ocurre siempre que los de Iglesias salen a la palestra a ofrecer soluciones mágicas, es precisamente el intervencionismo estatal lo que ha hecho que en España se encarezca la electricidad hasta límites ciertamente prohibitivos.
Fue precisamente una decisión política, y no una demanda del mercado, lo que convirtió a España a partir del año 2000 en el país con la energía más cara de su entorno. La apuesta del anterior Gobierno socialista por la energías renovables encareció brutalmente la electricidad, y tan sólo otra nueva intervención estatal, por la que se rebajó artificialmente la tarifa eléctrica, impidió que el precio se disparara a niveles astronómicos. El déficit acumulado de tarifa, la defensa de un mix energético ineficiente y las prohibiciones estatales al establecimiento de otras fuentes de energía más económicas, como la nuclear, están detrás de esta escalada de precios que los populistas bolivarianos tratan de utilizar en su propio beneficio.
Iglesias defiende en su documento para la próxima asamblea de Podemos que la solución al problema energético es la nacionalización del sector. Sin embargo, han sido los incentivos artificiales, las hiperregulaciones estatales y las presiones políticas lo que ha provocado el encarecimiento irracional de un servicio esencial como el suministro eléctrico.
Una vez más, la solución radica enhacer exactamente lo contrario de lo que pregona la izquierda liberticida. En este caso concreto, lo que se necesita no es una renacionalización de las eléctricas –que agravaría el desastroso control político sobre la electricidad–, sino una auténtica liberalización que obligue a aquéllas competir en un mercado libre de injerencias políticas. La pobreza energética se combate con más libre mercado. Solo así podrán los españoles elegir entre distintas opciones a precios competitivos y, sin duda, mucho más asequibles que los actuales.