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La okupación se dispara un 66% en Barcelona desde que gobierna Ada Colau

La actividad del movimiento okupa se ha disparado en los últimos años gracias a la permisividad de los "ayuntamientos del cambio".

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Piso okupa en Barcelona | Alamy

El buen desempeño electoral de las marcas blancas de Podemos ha dado alas al movimiento okupa, cuya actividad se ha disparado en los dos últimos años. Solamente en la Comunidad de Madrid, el número de condenados por delitos de usurpación se ha multiplicado por siete. En toda España, la evolución ha sido muy similar y el total de sentencias condenatorias ha crecido de 488 a 3.278 a lo largo de la crisis.

Desde que Ada Colau llegó a la alcaldía, Barcelona se está convirtiendo en otro de los focos del movimiento okupa. El grupo municipal del PP en la Ciudad Condal solicitó información al consistorio sobre esta cuestión y, tras una larga espera, los datos ya han salido a la luz. Según ha explicado Alberto Fernández, líder de los populares en la capital catalana, el número de asentamientos ilegales aumentó un 66% desde que gobierna Colau.

Los datos que manejan los técnicos municipales apuntan a que en 2015 había 642 casas e inmuebles okupados, mientras que el primer semestre de 2016 se cerró con 1.065 casos. Los medios han cubierto algunos de los casos más polémicos, como por ejemplo el del Banc Expropiat, pero estos episodios han sido solamente la punta del iceberg.

El aumento de la okupación no se reparte de manera homogénea por la ciudad, sino que se concentra en determinados distritos de Barcelona. Por ejemplo, en la Ciutat Vella, el total de okupaciones ha pasado de 65 a 130 en los primeros compases de la legislatura. Algo similar ocurre en Nou Barris o Sarrià-Sant Gervasi, que registran subidas del 95% y del 75%, respectivamente.

La impunidad con la que se mueven estos colectivos viene de lejos. Según lo publicado en 2016, el exalcalde Xavier Trias llegó a pagar el alquiler mensual de los okupas del Banc Expropiat. Otro caso polémico que también saltó a las páginas de actualidad durante el pasado año es el del Casal Popular Tres Lliris, un espacio okupa ubicado en una antigua comisaría de la Policía Nacional.

El inmueble en cuestión está inscrito en el inventario inmobiliario del Patronato Municipal de Vivienda, pero el consistorio no solo no ha desalojado a los okupas sino que ha garantizado su permanencia a cambio de una serie de condiciones como "garantizar la convivencia vecinal" u "ofrecer actividades sociales al barrio".

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