La reforma laboral de Fátima Báñez cumplió un lustro el pasado fin de semana. Pero no está claro si llegará a la década. Tiene numerosos enemigos: partidos, sindicatos e incluso jueces. También aliados, eso es cierto. Ninguna otra de las normas aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy concita tanto consenso fuera de España. En Bruselas, en Fráncfort (sede del BCE) o en Berlín, nuestros socios están encantados con los cambios que trajo al mercado laboral español. Por eso, desde el FMI a la OCDE, pasando por la Comisión Europea, casi todos los organismos extranjeros que se han pronunciado al respecto han alabado la norma.
Ahora queda por ver quién se impondrá. Por un lado, están los que quieren (o dicen querer) volver a la situación previa. Incluso hay quien quiere cargarse tanto esta reforma como la que el Gobierno del PSOE sacó adelante y volver, en términos normativos, al 2008. Será un pulso interesante. Por una parte, para la oposición, acabar con la reforma laboral se ha convertido casi en una cuestión de Estado. Será complicado para cualquier líder del PSOE aceptar cualquier pacto que no implique un titular que incluya la palabra "derogar", incluso aunque los socialistas asuman que ya no es posible desandar el camino hacia 2011.
Pero para el PP también es clave no ceder, incluso aunque esté en minoría. En primer lugar, porque no pueden dar ese trofeo a sus adversarios. Derogar la reforma sería como reconocer que su iniciativa más exitosa fue un fracaso y dar la razón a los críticos. Pero es que además está Bruselas, que no vería con buenos ojos un retroceso en esta materia. Quizás el compromiso esté en un punto intermedio que permita a todos vender a la opinión pública que han complicado su objetivo: unos que la mantienen y los otros que la han derogado
Como apuntamos, el Gobierno tiene la fuerza que tiene, la que le dan sus 137 diputados. También es cierto que no es fácil derogar una reforma como ésta. Es más sencillo decirlo que hacerlo. Para empezar, porque tienes que presentar una alternativa en un tema muy complejo y conseguir un apoyo mayoritario para la misma. En cualquier caso, hay una serie de cuestiones abiertas sobre las que habrá que legislar sí o sí.
- Precariedad: no es tanta como se dice, pero es muy alta, al menos si la comparamos con los países de nuestro entorno. La tasa de temporalidad está en el 26%, la segunda más elevada de Europa tras Polonia. También es cierto que llegó a estar por encima del 33-34% en los últimos años de la burbuja: entre 2006 y 2007. Ni mucho menos estamos en niveles récords en este tema como a veces se insinúa.
En cualquier caso, en el Ministerio de Empleo son conscientes de que algo hay que hacer en este tema. Además, está la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las indemnizaciones de fijos, temporales e indefinidos. El TJUE no dice lo que algunos han querido leer en su fallo: que hay que igualar las indemnizaciones de todos los trabajadores sin tener en cuenta la modalidad contractual. Pero esta sentencia sí puede actuar como chispa para encender la mecha de una de las asignaturas pendientes del mercado laboral. En Ciudadanos, por ejemplo, están deseando que alguien hable de "contrato único", su propuesta estrella en esta materia.
Báñez iniciaba hace días los encuentros con los agentes sociales para lanzar la "Mesa del Diálogo Social para la Agenda Integral por la calidad en el empleo". En esa Mesa tienen ya el dictamen del comité de expertos sobre las indemnizaciones. ¿Qué saldrá de ahí? Pues todo apunta a una simplificación real (no sólo en los formularios) de las modalidades de contratación, que terminará con 3 tipos: indefinido, temporal y aprendizaje.
En esto, los pactos de PP y PSOE con Ciudadanos eran casi idénticos. No terminaban del todo con la dualidad temporal-indefinido, pero fijaban una indemnización creciente para los primeros que se igualaba a la de los fijos a los dos años. En la práctica, tendría consecuencias similares al contrato único. El complemento debería llegar de la famosa mochila austriaca: pero esto será más difícil, porque implicaría ponerle un cascabel a un gato que se resiste, ¿quién paga esa mochila: los empresarios con una subida de los costes laborales o la Seguridad Social con una rebaja de las cotizaciones?
- Convenios y sindicatos: la segunda patata caliente de la reforma. Los sindicatos quieren algo que les compense por el poder perdido. No hablamos de los representantes de los trabajadores en las empresas: estos, de hecho, incluso tienen más importancia tras la reforma, puesto que ésta facilitaba el famoso descuelgue y primacía de las cláusulas de empresa. Pero sí las centrales: la posición de los grandes sindicatos (y también de la patronal) era mejor antes de 2012.
Éste es un punto delicado, porque es la clave de la reforma. Mucho más que la cuestión, más mediática, de las indemnizaciones por despido. En el Ministerio están convencidos de que la flexibilidad que introdujo la norma en las relaciones laborales, y la posibilidad de cada empresa de ajustarse a las circunstancias del negocio, es lo que produjo en primer lugar que se detuviese la destrucción de empleo y luego la recuperación del mismo.
Esto casa mal con el discurso sindical de "pérdida de derechos de los trabajadores" y de una norma que pone todos los triunfos en las manos del empresario. ¿Es posible llegar a un acuerdo? Debería serlo, pero algo habrá que dar a UGT y CCOO. La paz social es un valor muy apreciado en el Gobierno. Nadie quiere un enfrentamiento abierto con los grandes sindicatos. Es más, en el PP y en Empleo saben que, con la actual aritmética parlamentaria, o hay foto Ignacio Fernández Toxo y José Mª Álvarez (secretarios generales de CCOO y UGT) o será muy difícil que la oposición apruebe algo en materia laboral. La otra cara de la moneda es que, si se consigue el acuerdo con los sindicatos, se allanaría mucho el camino en el Congreso.
No se volverá a la situación pre-reforma, con los convenios sectoriales controlándolo todo. Pero si podría haber algún cambio, quizás más simbólico que real, que reivindique el papel de sindicatos y patronal.
- Políticas Activas de Empleo: el nombre es muy bonito, pero luego la realidad no lo es tanto. España tiene un problema aquí. Y de los importantes. Las tasas de recolocación de parados están entre las más bajas de la UE. La formación sigue brillando por su ausencia. Y casi todos los expertos se han cansado de explicarnos que nuestro subsidio de desempleo sirve más para alejar al parado del mercado laboral que para incentivarle a reincorporarse al mismo.
De nuevo, el problema está en concretar más allá de los titulares. Porque una cosa es decir que el subsidio no funciona y otra tocar el sistema de ayuda a los parados. Un tema muy sensible y muy dado a la demagogia política y mediática.
El Gobierno dio un primer paso en la anterior legislatura abriendo la competencia en los cursillos del desempleo (por cierto, otro punto de fricción con los sindicatos). Pero hay que tener en cuenta que todo lo que se toque aquí necesitará también el acuerdo con las CCAA, que son las que tienen la competencia en la materia. Para empezar, ya está aprobado que las ayudas del Estado a las regiones se repartan teniendo en cuenta la efectividad de estas mismas regiones en la colocación de sus parados.
¿Temas pendientes? Muchos. Diseño de itinerarios individualizados, contrato parado-servicios de empleo, colaboración de las agencias privadas y los organismos públicos, cambios en el diseño de las prestaciones, coordinación entre la administración que paga el subsidio (el Estado) y la que ofrece las labores de colocación, replica de las buenas prácticas de las regiones que mejor lo hagan… Cada uno ellos supone un pisotón en el pie de algún agente importante en el actual modelo, que quiere defender su posición. Es el tema del que menos se habla, pero de los más importantes. Quizás la clave para que la reforma 2.0 consiga los mismos resultados que la primera parte.