Eran los responsables del equipo de inspección del Banco de España en Bankia cuando la entidad salió a Bolsa. Después de un largo recorrido y en contra del criterio del juez de instrucción, Pedro Comín y Pedro González han comparecido este martes ante el propio Fernando. Tal y como señala la investigación y como han reconocido, ambos recibieron unos correos donde José Antono Casaus, jefe de inspección de Bankia, alertaba previamente del perjuicio estimado en 15.000 millones de euros que la operación supondría para los inversores.
Fuentes presentes en el interrogatorio han detallado las respuestas de los imputados. Ambos han defendido que los correos críticos solo eran opiniones que no daban una visión de conjunto y que incurrían en algunas contradicciones. Comín compartió los mismos únicamente con González, su superior jerárquico, y en ningún caso ha señalado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mafo, exgobernador del Banco de España citado a declarar este jueves.
Solo González ha mostrado su convencimiento de que el exsubgobernador Javier Aríztegui conocía esta información. Por su parte, Comín ha insistido en la línea de defensa habitual: que, aunque tomaron en consideración el aviso de Casaus, creyó conveniente el desarrollo de la operación. Pedro González también ha criticado las observaciones en los correos y ha destacado la diligencia del Banco de España, que hizo todo lo posible para mejorar la gestión de Bankia, lo que permitió ahorrar 180 millones de euros en concepto de bonus a directivos.
Como ocurrió este lunes en el primero de los interrogatorios de esta nueva ronda, tanto González como Comín han respondido durante más de dos horas a las acusaciones populares, puesto que ni el fiscal, ni el FROB ni el propio juez Andreu han formulado ninguna. El magistrado recibe este miércoles al exdirector general de supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello y al exdirector general del FROB en la época, Mariano Herrera.
El debate jurídico
Este litigio gira alrededor de dos postulados sobre un mismo hecho: si Bankia reflejó fielmente su contabilidad en el momento de la salida a Bolsa o, por contra, si los auditores manipularon la situación real de la entidad. Es una vertiente del conocido como caso Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. Muchos de los que perdieron dinero en aquel episodio, sobre todo particulares, se han sumado a la acusación contra Bankia y quienes elaboraron el informe de cara a la salida a Bolsa. Siguen personadas en el procedimiento como acusación la Confederación Intersindical de Crédito, encabezada por quien fuera líder de UPyD, Andrés Herzog; y el colectivo ciudadano creado ah hoc 15MpaRato. Estas dos partes han encontrado respaldo en dos peritos del Banco de España a los que el juez Andreu pidió diligencias. Concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
El socio de Deloitte y auditor de Bankia, Francisco Celma, defendió "la rigurosidad y profundidad" de su trabajo, negando supuestos errores en las cuentas a los que hicieron alusión los peritos adscritos al Juzgado de Fernando Andreu. Celma explicó ante el juez que para realizar ese informe de salida a Bolsa siguieron instrucciones de la CNMV y del Banco de España; y además contaron con su aval. De hecho, según el imputado, las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaron en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.
Celma sostuvo que las provisiones de Bankia ascendían en aquel momento a 3.000 millones de euros, aportando documentación para apoyar esta tesis. La postura de las asesorías y supervisores externos del informe que presentó el banco en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones converge en que los peritos judiciales han analizado unos hechos del pasado utilizando información posterior. En otras palabras, que parte de una caída del mercado que aún no se había producido. El auditor de Deloitte ha manifestado que los peritos judiciales aplicaron "una normativa contable inventada por ellos mismos". Son Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, quienes ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores y a los accionistas.