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Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Narcís Serra

La Fiscalía le acusa de aprobar escandalosas remuneraciones cuando Caixa Catalunya ya recibía fondos públicos.

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Narcís Serra | EFE

Narcís Serra escaló a la cima política y económica en el Partido Socialista y CataluñaCaixa, respectivamente. Siete años después de salir de la entidad bancaria, el expresidente se juega la cárcel por los supuestos sobresueldos. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cuatro años de prisión para él y su exdirector general Adolf Todó. Les atribuye un delito continuado de administración desleal entendiendo que buscaron "únicamente el beneficio propio" y causaron "un perjuicio claro y directo" a la institución, que acumuló un agujero de 720 millones de euros. Para el resto de los 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, el Ministerio Público solicita tres años de privación de libertad.

Salvo giro de los acontecimientos, Serra se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona. Según la investigación, el consejo de CatalunyaCaixa que presidía aprobó un cuantioso incremento de sus salarios pese a que la caja estaba en una situación delicada. "Con aparente abuso de su cargo y en perjuicio", en palabras de la Fiscalía, elevaron los sueldos de la cúpula directiva "que no eran acordes a la situación real de la entidad y al entorno de la grave situación de crisis económica por la que atravesaba".

Descendiendo al detalle, Todó se adjudicó una retribución fija anual de 600.000 euros sumada a otra percepción variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos. También se estableció una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. En total, más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012. Además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" -entre 24.801 y 135.707 euros al año-, Serra se asignó un sueldo de 175.000 euros.

La entidad estaba ya en una situación crítica que le había obligado a solicitar un préstamo de 1.250 millones de euros al FROB y aún así, según la Fiscalía, actuaron "en perjuicio y desprecio" de la entidad, excediendo la "prudencia" que exigía el momento de crisis. En el escrito de acusación que el Ministerio Público ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, también pide que los acusados indemnicen con 2.5 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Trayectoria política

Nacido en mayo de 1943, Narcís Serra se licenció en Económicas por la Universidad de Barcelona. Tan pronto como se le presentó la oportunidad se convirtió en afiliado del PSC que le aupó a los cargos políticos más importantes de su vida. En las primeras elecciones municipales democrática celebradas en 1979, fue elegido alcalde de Barcelona cargo que desempeñó hasta 1982. La llegada de Felipe González al Gobierno en 1982 formó le abrió las puertas del Ministerio de Defensa e incluso la vicepresidencia del Ejecutivo entre marzo de 1991 y junio de 1995. Cuando dio por terminada su carrera pública giró hacia la banca.

Gracias a a sus contactos y a su preparación accedió en 2005 a la presidencia de Caixa Catalunya. La entidad necesitó cinco años después la intervención del Banco de España ante la acumulación exagerada de tóxicos inmobiliariosquedando controlada al 90% por el Estado. Serra se incorporó en 2008 al consejo de administración de Gas Natural, donde permaneció hasta su dimisión en 2011.

Ismael Moreno, juez instructor en la Audiencia Nacional, investiga a Narcís Serra por otro delito de administración desleal. La Fiscalía coloca bajo el foco una serie de operaciones inmobiliarias desarrolladas en España, Polonia y Portugal por CataluñaBank entre 2000 y 2013. Adquirían al 50% con otros socios terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". Además, existen indicios de irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales cuando se oscureció la perspectiva. Esa decisión aprobada por el consejo de administración del 29 de abril del 2008 ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso el mayor perjuicio.

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