Todo empezó en 2015. Un centro de día de la localidad sueca de Gotemburgo anunció que reduciría su jornada laboral con el objetivo de incrementar la productividad y plantear un nuevo modelo de organización del trabajo.
Huelga decir que los políticos suecos, haciendo gala del pragmatismo que les caracteriza, aprobaron esta medida como un experimento piloto, con ánimo de observar sus resultados de manera pausada. Para ser precisos, el centro de día de Gotemburgo en el que se realiza el estudio vio como su plantilla se dividía en dos: a 354 empleados se les reducía la jornada laboral mientras que a 226 trabajadores se les mantenían las mismas condiciones.
Aunque se trata de un caso aislado, no pocos líderes progresistas europeos han optado por incluir en su discurso la propuesta de rebajar la duración de la jornada laboral de los empleados públicos. Y, al contrario que en Suecia, la norma es que se planteen reducciones generalizadas, y no experimentos puntuales como el de Gotemburgo.
En España, hemos visto que el Ayuntamiento de Madrid pretendía reducir a 35 horas semanales la jornada de sus trabajadores. La medida fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por vulnerar la normativa básica del Estado. Algo parecido ha ocurrido a nivel autonómico, donde este tipo de propuestas ha entrado en la agenda de los gobiernos de País Vasco, Andalucía, Castilla y León o Castilla-La Mancha.
Se estima que aplicar una medida así generaría un déficit de personal equivalente a 214.000 ocupados, lo que exigiría aumentar la plantilla de empleados públicos y asumir un desembolso adicional de 6.500 millones de euros. Pero, a pesar de los pronunciamientos desfavorables de la Justicia, todo apunta a que el debate va a seguir encima de la mesa.
¿Y qué pasó en Gotemburgo?
Entre todo este ruido, el ejemplo de Gotemburgo ha ido pasando a un segundo plano. Inicialmente, el proyecto piloto reflejó el coste adicional que supone adoptar una medida así, ya que las atenciones necesarias seguían siendo las mismas, pero la fuerza laboral se había reducido. Esto obligó a aumentar el gasto, tal y como advirtieron los contrarios a la adopción de esta medida.
Lo que sí se redujo fue el número de empleados públicos que pide bajas por enfermedad. Estamos ante un problema recurrente en Suecia, donde alrededor del 15 por ciento de los trabajadores públicos se ausenta de su puesto de trabajo, aprovechando las generosas leyes laborales del país escandinavo. Por tanto, el principal beneficio que ha arrojado el experimento alude a un problema específico de Suecia y no a un mal generalizado en Europa.
De hecho, si buceamos en las estadísticas de bajas laborales, vemos que hay importantes diferencias entre el empleo público y el empleo privado. En el empleo cien por cien privado se solicita la mitad de bajas laborales que en el empleo cien por cien público. Pero el caso más interesante es el de los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Gracias al cheque escolar o el cheque sanitario, las familias suecas pueden elegir el tipo de proveedor que quieren a la hora de enviar a sus hijos al colegio o recibir atención médica. Y en este campo también vemos importantes diferencias, porque las empresas que prestan estos servicios registran muchas menos bajas laborales.
Hay otro aspecto aparentemente positivo que ha arrojado el experimento, pero que también conviene matizar. Al parecer, se observó una mejora en las horas de sueño y los niveles de estrés de los trabajadores. Pero esto no se ha traducido en un aumento de la productividad de estos empleados públicos y, además, conviene recordar que los niveles de depresión registrados en Suecia son muy superiores a los que se dan en España. Los estudios de la Organización Mundial de Salud apuntan que, por cada 100.000 habitantes, el país nórdico registra 1.060 casos, frente a los 620 de nuestro país, de manera que volvemos a toparnos con realidades muy distintas.
De manera que la reducción de jornada laboral aprobada en Suecia no fue una medida de aplicación general, sino un proyecto aislado que no supuso una mejora de la productividad y terminó acarreando más gasto. Además, el tipo de problemas que pretendía solucionar el gobierno de Gotemburgo no se reproduce en España, de manera que estamos ante situaciones muy distintas y no tiene sentido apelar al ejemplo escandinavo para implantar aquí una medida que, por otra parte, es ilegal y supondría un elevado coste a los contribuyentes.