Lo mejor que se puede decir del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que presentó el martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso es que son unas cuentas públicas "más políticas que económicas", eufemismo con el que se dulcifica el hecho de que aplazan clara e irresponsablemente las reformas estructurales que España necesita para reducir la deuda pública y para estimular sanamente el crecimiento mediante la reducción de la asfixiante presión fiscal y el desproporcionado tamaño de la Administración.
Así, la cacareada mejora en educación o sanidad no se obtiene mediante reformas que permitan obtener más provecho de cada euro dedicado a esas partidas, sino por el cómodo recurso de dedicarles más dinero, como si los recursos del Estado fueran ilimitados. Algo parecido se puede decir de las pensiones, capítulo al que ya va a parar nada menos que el 40,7% del gasto total del Estado, y donde el incremento del 3,2% en el pago de las prestaciones se va a llevar a cabo mediante el delirante procedimiento de pedir un préstamo de 10.100 millones de euros que evite al Gobierno de Rajoy el baldón político de ser el que ha terminado de vaciar la llamada "hucha de las pensiones".
Otro tanto se puede de la política de "fomento del empleo", que no descansa en la liberalización de la economía ni en la reducción de impuestos sino en un cheque de 1.200 millones de euros, tal y como el Gobierno del PP pactó con Ciudadanos a cambio de su apoyo a las cuentas.
Al margen de una muy desigual y arbitraria distribución en la inversión por comunidades autonomas, que van desde los 405 euros por habitante destinados a Castilla y León a los 119 que se van a dedicar a la Comunidad Valenciana, los PGE mantienen básicamente una línea continuista que va a imposibilitar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit si no es mediante su renegociación al alza a mitad del ejercicio, tal y como se hizo el año pasado. Otro tanto se puede decir de la presión fiscal, que no sólo se mantiene sino que se vuelve a incrementar en el caso de los autónomos. Así, y a pesar de la extendida defensa que los partidos políticos hacen de un sector tan decisivo para el empleo como el de los autónomos, el Gobierno ha aumentado un 3% la base mínima de cotización para los trabajadores por cuenta propia, cuya aplicación está prevista para el próximo mes de julio. De este modo, la base mínima, que es a la que se acoge más del 80% de los autónomos, subirá de los actuales 893,10 euros hasta los 920, con lo que tendrán que abonar unos 8 euros extra al mes o, lo que es lo mismo, unos 96 euros más al año. En concreto, la cuota mensual subirá de 267 a 275 euros mensuales.
Lo más lamentable de todo es que no hay oposición alguna en el Congreso a estos presupuestos típicamente socialdemócratas que no sea la que proviene de un extremismo de izquierdas al que se ha sumado el PSOE, partidario de incrementar, todavía más, el gasto, los impuestos y la deuda pública.