¿Se trata de un hábito o de una enfermedad endémica? Se diría que nuestro país abunda en críticas despiadadas, tanto al hacer como al no hacer, así como al pensar y decir o al no pensar y la mudez persistente.
Resulta preocupante, además, que quienes así se ensañan olviden su tarea principal, provocando un vacío en la cosa pública, que no es ya cosa menor. Así, cuánto tiempo dedican sus señorías –diputados y senadores– a aquello para lo que han sido elegidos –legislar–, y cuánto en diversas zarandajas, como pronunciamientos estériles de solidaridad o de rechazo respecto a causas allende las fronteras o en su interior. O si se quiere, sin eufemismos de ningún género, en peticiones y subsiguientes comparecencias para aclarar hechos que para todo el mundo están claros, o para pedir responsabilidades políticas –así se enuncian porque el ensañamiento no es públicamente aceptable–, cuando lo que realmente tranquiliza a la opinión pública no es la responsabilidad política del político, sino la responsabilidad íntegra, como persona, en la función al mismo confiada; y ahí muchos preferimos la responsabilidad penal y el castigo ejemplar; la simple dimisión o inhabilitación acaban siendo sobrecompensadas.
Mientras tanto, de forma insistente en los últimos cinco años, se nos viene advirtiendo – mejor, amenazando– acerca del déficit de la Seguridad Social (recuerden que, sin paliativos, déficit de la Seguridad Social, o de quien sea, no es más que la diferencia negativa entre ingresos y gastos del ejercicio). La insistencia ha sido tal que, hoy, nadie puede argumentar que desconoce la situación de la Seguridad Social. Pero, vuelvo al inicio, ¿cuándo nos ponemos a trabajar para resolver de una vez el problema? Informes académicos ha habido varios, pero no son de obligado cumplimiento.
¿Qué hacen, sin embargo, los sesudos componentes del Pacto de Toledo? ¿Son los únicos que no se han enterado del problema? ¿Esperan que se resuelva por sí mismo, para que nadie quede ideológicamente mal con nadie? Esto no es una cuestión ideológica; es una cuestión de derechos y de obligaciones, cuya tutela corresponde al Estado.
Si el virus ideológico entra en el problema, puede fácilmente urdirse una revolución, aún sin pretenderse. Si el problema se enuncia en términos tales como que los trabajadores pobres no pueden sostener a los jubilados ricos, la revolución social está servida. El malévolo enunciado silencia que los trabajadores ricos compraron un derecho a la pensión de jubilación que el Estado dedicó a sostener a los pensionistas, pobres y ricos, existentes al momento de aquellas cotizaciones.
Lo cierto es que el déficit acumulado a finales de 2016 rondaba los 64.000 millones de euros, y que, si Dios no lo remedia –porque el Pacto de Toledo parece que no está por la labor–, a finales de este año fácilmente superaremos los 80.000 millones.
Pero siempre tendremos al recurso español del "no se preocupe", que es, como todos sabemos, cuando verdaderamente hay que empezar a preocuparse.